La directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio.
Las inversiones dirigidas a reforzar las áreas de
salud pública y comunitaria se han quedado rezagadas en el despliegue de los fondos europeos del
Plan de Recuperación tras la crisis del Covid-19. Un informe publicado por Fedea ha colocado a estos dos sectores en el vagón de cola de la ejecución presupuestaria dentro de las iniciativas de carácter sanitario. Entre los años 2021 y 2022 apenas se ha activado el
39,6 por ciento del desembolso previsto.
Los cálculos realizados por el equipo del economista
Ángel de la Fuente han estimado que en el último año se han puesto en marcha programas por un monto de
198 millones de euros, la mayor parte en transferencias a las comunidades. A pesar de que se ha dado un acelerón en comparación con los 26 millones del ejercicio anterior, la suma solo alcanza los 224 millones. El presupuesto total para esta área mientras dure el plan activado por Bruselas es de
565 millones de euros, por lo que no se ha llegado a cubrir la mitad.
Este balance contrasta con otras áreas que sí que han cumplido con las expectativas previstas. Es el caso de las inversiones dirigidas a la adquisición de
equipos de alta tecnología sanitaria o programas de investigación (I+D). En 2023 se han movilizado
687 millones, mientras que en el año anterior ya se habían desplegado otros 724. La suma de ambos supera ya el presupuesto inicial previsto, que se había fijado en
1.282 millones.
A estas secciones puramente sanitarias hay que anotar otras inversiones vinculadas con la protección social que también comparten espacio con la sanidad. Es el caso de la construcción de viviendas para
alquiler social que ya han copado el 100 por ciento de su dotación de 1.000 millones de euros. O de los programas de
servicios sociales, violencia de género, ayudas a colectivos vulnerables o inserción que concentran 1.528 millones (39,8 por ciento).
Salud pública, a mitad de velocidad de ejecución
El cómputo de todas las partidas ha dejado el nivel de ejecución para las iniciativas de sanidad y protección social en un
68,7 por ciento del capital previsto tras el avance de los programas entre 2021 y 2022. Es decir, la salud pública y comunitaria va
el doble de despacio que el conjunto de las actividades relacionadas con el departamento.
Todas estas inversiones se enmarcan dentro del
componente 18 del Plan de Recuperación concentrado en 6 grandes grupos de actuación: la inversión en equipos de alta tecnología, el refuerzo y prevención de la salud, el aumento de las capacidades de respuesta ante crisis sanitarias, la f
ormación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulso de un plan para racionalizar el consumo de productos farmacéuticos o de la nueva
base de datos de la sanidad (data lake).
A pesar de que salud pública es una de las áreas con un ritmo más lento, el informe firmado por Ángel de la Fuente ha advertido que se trata de un problema compartido, ya que España ha
“sobrevalorado” su capacidad para “absorber con rapidez niveles de inversión tan elevados” como los que figuran en el Plan de Recuperación. De ahí, que haya apuntado a la necesidad de discutir con Bruselas un margen mayor de tiempo. “Seguramente
convendría priorizar la negociación de una ampliación de los plazos relevantes con el fin de asegurar el buen aprovechamiento de una oportunidad histórica”, ha apostillado.
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