El efecto del TTIP en sanidad inquieta a Europa

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Las aproximadamente 150.000 respuestas y valoraciones que ha recibido la Comisión Europea lo dejan claro: los europeos no se fían de que el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre Estados Unidos y la UE no vaya afectar a la sanidad de los estados miembro, y reclaman que los sistemas de salud estén protegidos ante su futuro desarrollo.

Jean-Claude Juncker y Barack Obama, presidentes de la Comisión Europea y Estados Unidos, respectivamente.

Así lo indican las reacciones obtenidas por el ejecutivo europeo, recopiladas tras haber puesto el borrador del tratado en consulta pública. Las preocupaciones advertidas se centran en el ámbito de los servicios públicos, sobre todo sanitarios y sociales. De hecho, según el documento que aglutina dichas críticas, “varios sindicatos se quejan del hecho de que el alcance del acuerdo no excluya sectores sensibles como la salud”.

Por otro lado, varias organizaciones no gubernamentales reclaman que se forjen sectores específicos de protección de la inversión, “con especial preocupación en el sector de la salud”.

Mientras, otros participantes en la consulta europea opinan que la salud, la seguridad social y el medio ambiente deberían ser “excepciones necesarias” a la hora de realizar, o de evitar, expropiaciones.

Además, se ha expresado una inquitud concreta por el futuro del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, dado hay quien teme que el TTIP “podría hacer imposible la renacionalización” de determinadas empresas de servicios públicos una vez han sido privatizadas.

Escepticismo

La propia comisaria de Comercio, Cecilia Malmström reconoce que “la consulta muestra claramente que existe un enorme escepticismo en lo que respecta al instrumento de solución de diferencias entre inversores y Estados”.

Añade que “antes de poner en marcha recomendaciones políticas sobre protección de las inversiones y solución de diferencias entre inversores y Estados, necesitamos un debate abierto y franco con los gobiernos de la UE, el Parlamento Europeo y la sociedad civil. Este será el primer paso inmediatamente después de la publicación de este informe. Observo también que la consulta ha aportado propuestas constructivas sobre cuestiones que pueden modificarse. Vamos a examinarlas con detenimiento durante los debates. También debemos reflexionar sobre la forma de abordar el hecho de que los países de la UE tienen ya 1 400 acuerdos bilaterales de este tipo, algunos de los cuales se remontan a la década de los cincuenta”.

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