Los clínicos de la pública se ven maniatados para emprender investigación traslacional

Javier Barbado. Madrid
Los médicos clínicos de la sanidad pública no pueden gestionar ni participar en más del 10 por ciento de la propiedad de las llamadas empresas de base tecnológica (EBT), uno de los pocos recursos de que se dota el sector de la salud para transferir el conocimiento científico a la práctica asistencial, esto es, para fomentar la investigación traslacional.

Por el contrario, la rigidez del Sistema Nacional de Salud (SNS), fundamentada en su condición de servicio público que contrata a personal estatutario o eventual sujeto, en todo caso, a las directrices de la administración estatal, desanima cuando no impide a los profesionales de la salud emprender iniciativas innovadoras que propulsen la ciencia sanitaria aplicada en España, única posibilidad para garantizar su mantenimiento y desarrollo a largo plazo.

Luis Verde-Remeseiro y María Gómez-Reino-Garrido.

De hecho, según documenta un trabajo presentado en el reciente Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria celebrado en Elche y Alicante (y que organizan, cada dos años, la Sociedad Española de Directivos de la Salud –Sedisa– y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería –ANDE–), “a diferencia de las EBT generadas en las universidades (…) el marco normativo presenta importantes lagunas que afectan a este tipo de iniciativas”.

El estudio lo firman varios autores, entre ellos el gerente de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela del Servicio Gallego de Salud (Sergas), Luis Verde-Remeseiro, y la directora de la Fundación Ramón Domínguez, María Gómez-Reino-Garrido, y explora la experiencia del Clínico de Santiago en la creación de EBT.

De acuerdo con el texto, en efecto una ley, la 14/2011 de la Ciencia, revela la inexistencia de una referencia jurídica que regule las EBT para el sector sanitario en buena parte de las comunidades autónomas, que trae como consecuencia que otra directriz, la Ley 54/1984 de incompatibilidades, dificulte, como poco, la labor de los sanitarios que deseen emprender iniciativas empresariales, al contrario de lo que sucede con las llamadas spin-off universitarias.

Para ser precisos, el personal de las instituciones públicas de salud está inhabilitado, conforme a la legislación vigente, para desempeñar cargos de gestión en una EBT creada al efecto, así como para percibir un salario por trabajar en ella o participar en más del diez por ciento de su capital social. “Estas limitaciones generan una importante diferencia con respecto al contexto universitario, donde se fomenta la incorporación del personal investigador promotor de la iniciativa, que, por lo general, ocupa puestos de gestión y asume un elevado pese en el accionariado de la empresa generada”, reza el escrito.

La eficiencia en el uso de los recursos, única salida a la crisis

Sin embargo, la única salida posible a la crisis de financiación y futuro sostenimiento económico del SNS pasa, según subraya el documento, por innovar el modo de hacer las cosas con eficiencia, o, dicho de otro modo, encontrar nuevas aplicaciones a los recursos preexistentes, todo lo cual adquiere especial sentido en el campo de la tecnología sanitaria.

Por lo tanto, el trabajo hace un llamamiento implícito a cambiar el modelo productivo de la asistencia sanitaria pública, y de la investigación en el campo de la salud en España.