Los ayuntamientos se resisten a soltar sus competencias de sanidad

Redacción. Madrid
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los nueve recursos presentados contra de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una normativa que prevé el traspaso total de las competencias sanitarias que tenían los ayuntamientos a las comunidades autónomas.

Las competencias atribuidas a los municipios en materia de salud se refieren especialmente a salubridad y control sanitario del medio ambiente, de edificios o saneamiento de aguas; pero también pueden participar en los diferentes servicios de salud autonómicos y colaborar en la creación de los centros sanitarios y los planes de salud.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

A finales del marzo, se presentaron nueve recursos a esta ley por parte de cuatro parlamentos (Extremadura, Cataluña, Navarra y Andalucía), cuatro gobiernos autonómicos (Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias) y varios partidos de la oposición, entre ellos el PSOE.

Consideran los recurrentes que la ley, en vigor desde el 31 de diciembre de 2013, provoca enormes dificultades para la gestión de los ayuntamientos al privarles su capacidad de gestión de la política social, de recursos y de instrumentos para poder llegar cerca de la gente necesitada, algo "absolutamente imprescindible en la España de la pobreza de hoy".

En materia de salud, en un plazo máximo de cinco años las competencias pasarán a ser exclusivas de las comunidades autónomas. Con el traspaso, el Gobierno pretende ahorrar cerca de 3.500 millones de euros gracias a esta reforma.

Recursos

El pasado 28 de marzo, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís-Equo impugnaron esta norma ante el tribunal de garantías al considerar que priva a los ayuntamientos de su autonomía política y de su financiación y que supone "uno de los mayores ataques a la democracia".

Por su parte, el Parlament de Cataluña recurrió la Ley por entender que 24 preceptos vulneran competencias de la Generalitat y "no encuentran amparo" en la Constitución.

En las nueve providencias dictadas, el TC acuerda dar traslado de las demandas al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en los distintos procedimientos y formular alegaciones.
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas, según ha aclarado el alto tribunal.

Por lo que respecta a los recursos presentados por la oposición, fuera recurso sólo quedaron los parlamentarios del PP, del PNV -que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales-, CiU -que presentó recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán- y varias formaciones del Grupo Mixto.

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