Las CCAA ponen en duda la legalidad de la obligatoriedad de las mascarillas

Las comunidades autónomas han reaccionado a la imposición del Ministerio de Sanidad de obligar a usar mascarillas en centros de salud poniendo en duda la legalidad de la medida. "Ha roto el consenso del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", ha asegurado el consejero de Sanidad aragonés, José Luis Bancalero, criticando la actuación "unilitateral". Además, algunos Gobiernos autonómicos han indicado que no han recibido la orden del equipo de Mónica García para ponerla en marcha.

Desde el Ejecutivo vasco indican que, "en contra de lo manifestado por la ministra", no han recibido ninguna orden comunicada imponiendo la obligatoriedad del uso de mascarillas. "Lo único que se ha recibido es un documento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, fechado a día de hoy, en el que, entre otros temas, figura como “acuerdo” la obligatoriedad del uso universal de mascarilla en centros sanitarios asistenciales", señalan. "Lo cierto es que hoy, no se ha celebrado ninguna reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ni se ha alcanzado acuerdo alguno sobre esta u otras materias", añaden.

Ante esto, el Gobierno de Iñigo Urkullu se muestra "perplejo" por la forma de actuar del Ministerio. Esta mañana, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, también indicó que, en el momento de su comparecencia a las 13:00 horas, no tenían noticias oficiales sobre la obligación de llevar mascarilla en los centros sanitarios. 

"No aporta soporte jurídico"

Aunque la ministra ha flexilizado la obligación de llevar mascarillas, los Gobiernos autonómicos han mostrado su rechazo a las formas y a la falta de "evidencia técnica" de la medida. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha afirmado que "las declaraciones de la ministra son decepcionantes" y ha añadido que es un "ataque gratuito a la forma de trabajar que durante más de 20 años se ha mantenido entre el Ministerio y las comunidades autónomas".

Bancalero ha criticado la actuación "unililateral" de García y que divulgase "un documento de medidas en relación al incremento estacional de infecciones respiratorias agudas que no ha sido debatido ni aprobado por el Consejo". Sobre este documento, el consejero ha asegurado que carece de "evidencia técnica". "Como ha quedado de manifiesto en la reunión de la Ponencia de Alertas celebrada esta mañana", ha indicado. "No aporta nada sanitariamente ni da soporte jurídico a las decisiones tomadas en argo", ha apuntado Bancalero, haciendo un llamamiento  "a la cordura, a la lealtad institucional, al diálogo y a la coordinación".

El conselleiro de Sanidade gallego, Julio García Comeseña, también se ha posicionado en contra de las formas de actuar del Ministerio. "Esta ministra en unas semanas ha tirado por tierra el trabajo de muchos ministros de Sanidad y de muchas comunidades autónomas en un marco de consenso, colaboración, de escucharse mutuamente y de cumplir la legalidad", ha manifestado. Comesaña ha subrayado que en la ponencia de Alertas de este miércoles "ha quedado claro que no estamos en una situación de riesgo para la salud pública". "A pesar de eso, la ministra insiste (en la medida), probablemente porque ha llegado tarde a esta situcación y quiere hacer ver que está haciendo algo", apunta el político.

Andalucía, Baleares, Castilla y León, Extremadura y Euskadi se suman

Por su parte, Catalina García, responsable de la Consejería de Salud de Andalucía, ha manifestado que "acatará" la decisión de la ministra, pero su equipo estudiará "si se ha saltado, de una manera intencionada, la legalidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". "Este camino no nos va a hacer trabajar conjuntamente por el objetivo de mejorar las condiciones, la estructura y la salud de todos los españoles", ha sentenciado.

Mismo camino seguirá el Gobierno de Baleares, que ha previsto instaurar la medida este jueves, una vez reciba la comunicación del Ministerio de Sanidad. Así lo ha asegurado la consejera de Salud, Manuela García, quien ha recordado que el uso de la mascarillas en los espacios sanitatrios de la región es recomendable hasta ahora. En ese mismo sentido se ha posicionado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, que aceptará la decisión "por imperativo legal" pero, a su vez, ha comunicado que "los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrirla".

A esas voces regionales también se ha sumado Castilla y León, gobernada, como Andalucía, Galicia, Aragón y Baleares, por el Partido Popular. Y es que el consejero de Sandiad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha asegurado que la región cumplirá con la orden ministerial "por lealtad institucional", imponiendo la obligatoriedad del cubrebocas en los centros sanitarios y hospitales regionales. No obstante, Vázquez ha criticado la postura del Ministerio, pues ha considerado que "no corresponde a criterios científicos", aunque ha especificado que Castilla y León dará luz verde a la medida en el Consejo de Gobierno de este jueves para aprobarla "cuanto antes". 

El País Vasco ha sido la última comundiad autónoma que ha decicido recurrir ante la justicia la orden del Ministerio de Sanidad de imponer el uso de las mascarillas en los centros de salud. El gobierno vasco defiende que el ejecutivo central no ha presentado ningún tipo de argumento que avale esta decisión, además de que tampoco ha cumplido con las previsiones legales exigibles en llevar a cabo esta medida excepcional. Pese a ello, el ejecutivo vasco hará cumplir, mientras esté vigente, la medida, pero presentará recurso ante la administración de justicia en los términos que sus servicios jurídicos determinen. 

Aval legal de la obligatoriedad de las mascarillas

Sobre la legalidad de esta decisión por parte del Ministerio, Ricardo De Lorenzo, presidente del bufete homónimo y experto en Derecho Sanitario, indica a Redacción Médica que, en principio, aunque recurrir a una Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública corresponde al Ministerio de Sanidad, este necesita contar con el beneplácito del Consejo Interterritorial, “salvo en situaciones de urgente necesidad”. He ahí el quid de la cuestión. En esos casos, “se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se informará al Interterritorial de ello de manera urgente”.

El experto señala que, de hecho, la fórmula por la que optará Sanidad es la misma que se empleó durante la pandemia de coronavirus para limitar los derechos fundamentales de movilidad y actividad laboral y comercial. De Lorenzo lamenta que la Ley de Cohesión y Calidad del SNS que va a aplicar Sanidad haya quedado “desactualizada”, “con la lógica consecuencia de ver cómo los gobiernos autonómicos han de seguir parcheando con las herramientas jurídicas que tienen a su alcance”. Por ello, denuncia la “inseguridad jurídica” en materia sanitaria, además de la “insuficiencia normativa” que, en el mismo sentido, “hemos y seguimos padeciendo” al respecto en España, lo cual “dibuja un complejo escenario de carencia de herramientas jurídicas con la que atender esta y otras futuras crisis sanitarias”.