Las CCAA pasan al Gobierno la patata caliente del ‘céntimo sanitario’

Redacción. Madrid
Las reacciones por parte de las comunidades autónomas a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara la ilegalidad del ‘céntimo sanitario’, no se han hecho esperar. En general, la postura es clara: se trata de un impuesto estatal y es el Gobierno central quien debe hacerse cargo de las devoluciones.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y los consejeros de Hacienda de Cataluña, Andalucía y Extremadura: Andreu Mas-Colell, María Jesús Montero y Antonio Fernández.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no contempla la posibilidad de tener que hacer frente al coste de las devoluciones en Galicia, con la consiguiente afectación de la recaudación. Feijóo, que tras consultar con la Consejería de Hacienda ha querido transmitir un mensaje de “tranquilidad” ha asegurado que es “el Estado” quien “debe responder” sobre esta cuestión.

En términos similares a los del presidente de la Xunta se ha pronunciado el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, que ha afirmado no estar dispuesto a asumir posibles indemnizaciones. “No estamos en condiciones de sacar dinero a la sanidad para corregir errores de diseño que no cometimos nosotros”, ha asegurado antes de solicitar al Ministerio de Hacienda que lidere la reacción a la decisión judicial. “Vamos a ver qué iniciativas toma el Gobierno central”, ha detallado.

Andalucía ha sido, hasta el momento, la única autonomía que ha ofrecido el dato estimado de recaudación: 250 millones de euros. La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, ha pedido que sea la Agencia Tributaria quien se haga cargo de las devoluciones al tratarse de un “impuesto estatal que forma parte de nuestro modelo de financiación autonómica”.  Asimismo, ha afirmado que la Junta esperará a las instrucciones del Gobierno para devolver a los contribuyentes lo cobrado “ilegalmente, según sentencia” a la vez que ha aclarado que las reclamaciones serán “difíciles” porque serán pocos los que conserven los recibos de sus repostajes entre 2002 y 2011.

El Gobierno de Extremadura también se ha pronunciado sobre el tema, en este caso a través de una nota de prensa. En ella anuncia la supresión progresiva de la medida “para que nos se vean mermados los ingresos en las arcas públicas”. Además, aclara que la medida no es consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que forma parte del “nuevo paquete fiscal” en que está trabajando el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández.

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