El sistema sanitario estará bajo la lupa de la Transparencia y el Buen Gobierno

Redacción. Madrid
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo va a acceder a que el órgano que vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia no sea finalmente la denominada Agencia de Transparencia que prevé el proyecto gubernamental, sino que se sustituya por un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno "con mayor transparencia y especialización".

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría, este jueves en el Congreso.

De esta forma, el Ejecutivo da respuesta a la queja de todos los grupos por la excesiva dependencia del Ejecutivo del órgano que se proponía en el texto aprobado en Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría ha avanzado que la Ley de Transparencia, que irá acompañada de la puesta en marcha de un Portal de la Transparencia, permitirá obtener información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos, que, como es lógico, también afectará a la sanidad, una reivindicación de buena parte del sector y de los usuarios desde hace tiempo.

Hay que recordar en este sentido, que el País Vasco ya cuenta con un Consejo Asesor del Buen Gobierno de su sistema sanitario, un órgano impulsado por el Ejecutivo de Patxi López que parece que ha perdido fuelle con la llegada a la ‘lehendakaritza’ de Íñigo Urkullu. Recientemente, Asturias, de la mano de su consejero Faustino Blanco, también ha presentado un consejo asesor para impulsar el buen gobierno en la administración sanitaria, con el propósito de estimular el “debate público basado en evidencias, un buen sistema de información y evaluación, pluralidad, rendición de cuentas y participación, implicando en la acción a actores diversos que se influyen entre sí desde el respeto y el reconocimiento mutuo”, según el propio titular de Sanidad.

También se incluirá el perfil profesional de los responsables

Ante la duda sobre si, dentro de esa información relevante debe incluirse el perfil profesional de los responsables de los diferentes órganos públicos, la vicepresidenta ha dicho que “promoverán su inclusión expresa en la ley”, como reclaman algunos grupos.

Ante los reparos de los grupos nacionalistas por la invasión de competencias en el capítulo dedicado al 'buen gobierno' --por la facultad que se concede a Hacienda para sancionar o incluso cesar a alcaldes--, la ministra de la Presidencia ha subrayado que al Ejecutivo "le preocupa el que se sancione y se persiga", "no tanto quien lo haga".

"No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", ha dicho, para añadir que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha "impuesto" nuevas obligaciones a las administraciones pero los ciudadanos "demandan también una responsabilidad a nivel individual".

A renglón seguido, ha explicado que la autoridad fiscal independiente y otros organismos de fiscalización pueden ayudar en esta tarea, ya que "su independencia" permite "poner en conocimiento de cada administración" la vulneración de las normas de buen gobierno para que incoen el procedimiento e impongan la correspondiente sanción.

Finalmente, Sáenz de Santamaría ha insistido en su voluntad de pactar esta norma, ya que, según ha dicho, lo que quiere el Gobierno es que sea una "ley de todos", que marcará "un antes y un después" en el funcionamiento de las instituciones y las administraciones. "Es una ley necesaria e inaplazable", ha aseverado. Además, ha confirmado que la Casa Real y el Banco de España serán incluidos expresamente en la Ley de Transparencia a petición de ambos, dando así satisfacción también a las peticiones de la oposición.