La sanidad sindical mira a Familia para 'capitanear' las altas progresivas

Si hay alguna certeza en torno a la reforma de la gestión de bajas laborales pretendida por el Gobierno, es que el peso de los médicos de la sanidad pública a la hora de tomar decisiones al respecto no se verá mermado. Lo tienen claro los sindicatos representados en la Mesa de Diálogo Social, pero también el Ministerio de Seguridad Social y la patronal empresarial. Por si cupiese alguna duda sobre ello, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, dejaron claro en la reunión mantenida este lunes que sólo se abrirán a negociar la regulación de las llamadas ‘bajas flexibles’ o ‘altas progresivas’ siempre y cuando se cumpla una condición: que haya un informe médico que acredite que esa medida puede ser beneficiosa para el paciente. Sea cual sea la reforma, “en ningún momento” se ha puesto en duda la importancia de la voz sanitaria en la gestión de incapacidades temporales, según las fuentes del diálogo social consultadas por Redacción Médica, que recuerdan que son los médicos de Atención Primaria los que acaban teniendo la última palabra.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, aseguró, a su salida de la reunión con los sindicatos y la CEOE de este lunes, que las altas progresivas, de acabar regulándose, sólo se aplicarán a procesos de incapacidad temporal de larga duración que superen los 90 días. “Quiero ser muy clara”, dijo antes de explicar que la incorporación progresiva al trabajo que plantea el Ejecutivo sólo se aplicaría a personas que ya tengan el alta médica y que, además, cuenten con un informe médico que acredite que ese regreso paulatino a su actividad laboral es “beneficioso” para el paciente.

Según la ministra, el objetivo es que la reforma de las incapacidades temporales salga adelante durante este año y, de cara a que el texto final cuenta con “rigor técnico y sanitario”, Seguridad Social contará con el criterio de grupos técnicos, entre los que se encontrará el Ministerio de Sanidad. En octubre, tanto la titular del departamento sanitario, Mónica García, como el secretario de Estado, Javier Padilla, se mostraron abiertos a estudiar la iniciativa de incorporación progresiva al trabajo en base a tres condiciones: que la decisión final dependa de un médico, que se respete la libre “voluntariedad” del trabajador y que no se supedite “la salud de las personas trabajadoras a criterios laborales”.

CCOO: "Decidir sobre altas y bajas le corresponde a un médico"

En la misma línea, voces autorizadas de CCOO en la mesa de diálogo con Seguridad Social aseguran a este periódico que, en último término, “cualquier decisión” sobre enfermedades comunes como las altas y bajas laborales le va a seguir correspondiendo “a los médicos de Atención Primaria o de otras especialidades del sistema público de salud”, aunque “normalmente” esa labor se canalice sólo en los especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria: “Eso no se ha cuestionado en ningún momento”, insisten.

En cualquier caso, desde el sindicato aseguran que la negociación con Seguridad Social aún está muy verde y que la reunión con Saiz del lunes se limitó a “un mero enunciado de materias”: “El ministerio no ha pasado ninguna propuesta por escrito y no sabemos qué se va a hacer ni de qué manera”. Lo que de ninguna manera negociará CCOO es un esquema que sirva para acelerar “injustificadamente” la recuperación de los trabajadores de baja, tal y como dijo este lunes el secretario general de la fuerza sindical, Unai Sordo.

UGT pide una comisión técnica con "papel primordial" de médicos

“Si los médicos en este país dicen que, en determinados casos, eso -la alta progresiva- es conveniente para el paciente, y son los médicos los que activan esta cuestión, podemos verlo”, señaló, por su parte, el líder de UGT, Pepe Álvarez, que, no obstante, dejó claro que, por el momento, no hay “ningún informe” que acredite la necesidad de regular las altas progresivas.

Fuentes de UGT subrayan a Redacción Médica que su propuesta pasa por constituir una comisión técnica en la que el personal médico asuma “un papel primordial” a la hora de determinar si existen “razones médicas” que aconseje establecer cambios en la gestión de las incapacidades temporales.