Admitida a trámite la demanda del asesor de López Arribas contra el Colegio de Madrid

Redacción. Madrid
Antonio Mora, el hombre de confianza de la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), Sonia López Arribas, ha demandado “por decisión empresarial nula y, subsidiariamente, injustificada en materia de modificación sustancial de las condiciones laborales” a la corporación por rebajar su estatus laboral de director general a asesor de la Presidencia, y según ha podido saber Redacción Médica, el juzgado de lo Social número 25 de Madrid ha admitido a trámite su reclamación.

Antonio Mora. Foto: Sanitaria 2000.

Mora argumenta principalmente que el 29 de junio de 2012 firmó un contrato de alta dirección para prestar sus servicios como director general (por el que percibiría 10.928,11 euros brutos mensuales), y que con posterioridad, el 30 de enero de 2013 el colegio le comunicó el cambio de funciones y retribución, dejando el cargo de director general y pasando a ser asesor de la Presidencia, y que esta variación conllevó “una importante disminución en su retribución, notablemente gravosa para el trabajador”, algo que su escrito de denuncia considera "injustificado y no sujeto a derecho".

Hay que recordar que la Asamblea General del Colegio de Médicos de Madrid, en una cita celebrada en diciembre pasado en la que la polémica giró especialmente en torno al sueldo que iba a percibir Antonio Mora, decidió no aprobar el presupuesto para 2013, y prorrogar el de 2012, por lo que la junta directiva colegial informó a Mora el citado 30 de enero del cambio de funciones y de retribución dentro de la estructura de la entidad, un escrito que iba firmado por el secretario Emilio Villa, y que no rubricaba la presidenta.

La demanda de Mora considera que “se han incumplido los trámites o formalidades exigidos en el artículo 41 del Estatuto del Trabajador, dado que no se ha respetado con el preceptivo plazo de preaviso de 15 días desde la notificación del cambio a la efectividad de la medida, y no se notificó a los representantes legales, lo que haría estéril entrar en las razones de fondo invocadas por la empresa”, señala, en alusión al acuerdo de la Asamblea General de 12 de diciembre.

Mora afirma que no se sostiene la argumentación del colegio que justifica el cambio de responsabilidades en que “no es posible mantener el cargo de director general por no ser posible su pago conforme a presupuestos, según los estatutos vigentes del Icomem”, ya que “estando vigentes los presupuestos del año 2012, en los que aprobó, por unanimidad, el nombramiento del actor (Mora) como Director General y el pago de sus honorarios, con cargo a los citados presupuestos, sino que además el Pleno, de conformidad con el artículo 49 de los estatutos, aprobó, tras examinar el cumplimiento del presupuestos y sus desviaciones, las cuentas y, por tanto, el gasto de sus honorarios a pesar de no estar incluidos inicialmente en el presupuesto, no cabe ahora alegar que no es posible ahora su pago, lo que nos viene a confirmar que las razones alegadas no son sino una mera excusa para quitarle al actor (Mora) de su puesto y funciones con la consecuente e importante reducción de sus atribuciones”.

Mora también se queja en la demanda presentada contra el Colegio de Médicos de Madrid, de que tenía “absolutamente limitadas sus funciones, al depender de la Junta Directiva, viéndose obligado a seguir los criterios y las instrucciones directas del referido órgano de gobierno”.

La demanda pide que se reponga a Antonio Mora “en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que se han producido los efectos, consistente en las diferencias salariales dejadas de percibir por el trabajador desde que se ha hecho efectiva la medida”.