La inflación fuerza una subida salarial del 0,5% en la sanidad pública

Al igual que el resto de funcionarios públicos, los profesionales sanitarios que forman parte de las plantillas de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado verán incrementado su salario un 0,5 por ciento a partir de octubre y de forma retroactiva desde enero. Esta subida de sueldo es consecuencia directa del encarecimiento de los precios, concretamente del IPC armonizado (que supera el 6 por ciento entre 2022 y 2023), y tiene su origen en el Acuerdo Marco que el Gobierno suscribió el pasado año con los sindicatos.

La ‘llave’ para la subida de salario de los funcionarios este octubre radica en este indicador utilizado para comparar la inflación entre los distintos Estados miembros europeos. En concreto, el Ejecutivo central, con el Ministerio de Hacienda al frente, se comprometió a incrementar un 0,5 por ciento adicional los salarios en caso de que el IPC armonizado de 2022 y al adelantado de septiembre de 2023 superara el 6 por ciento.

El IPC armonizado aún no está confirmado, pero todo apunta a que se superará este porcentaje, que en la actualidad se sitúa en el 8,3 por ciento. De esta forma, el sueldo volvería a subir retroactivamente desde enero un 0,5 por ciento.

Nuevo incremento del 0,5 por ciento

Existe además otra variable que puede suponer otro ‘plus’ del 0,5 por ciento. Para que se active, será necesario que el PIB nominal iguale o supere el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esto solo sucederá si el crecimiento del PIB alcanza el 2,1 por ciento.

El acuerdo que Hacienda suscribió con CCOO y UGT ya contemplaba para este ejercicio otro aumento del 2,5 por ciento para las plantillas públicas. 

Si todas las condiciones se cumplen, los médicos o los enfermeros recibirán un aumento de sueldo total del 9,5 por ciento durante los próximos tres años. La medida suscrita por el Ministerio de Hacienda garantiza que las actualizaciones sigan produciéndose incluso en un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que previsiblemente se tendrá que realizar en 2024 como consecuencia del bloqueo político para investir un nuevo presidente.