La Defensora del Pueblo se suma a las tesis de SEOM sobre los equivalentes terapéuticos

Enrique Pita. Madrid
La cruzada de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) contra el Acuerdo Marco de Alternativas Terapéuticas Equivalentes andaluz ha encontrado un aliado en la Oficina del Defensor del Pueblo, que ha considerado las tesis de la SEOM para emitir un posicionamiento contrario a la iniciativa andaluza.

La presidenta de la SEOM, Pilar Garrido (izq.), y la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

Según ha explicado a Redacción Médica la presidenta de la SEOM, Pilar Garrido, representantes de la sociedad han mantenido recientemente un encuentro con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que le trasladaron su postura. Según defiende la SEOM, en Andalucía se han definido como equivalentes terapéuticos fármacos oncológicos que en realidad no lo son y que solo comparten la indicación, pero se trata de principios activos distintos.

Así, la postura es que “no puede llamarse equivalente terapéutico a algo que no lo es por razones de gasto”, ha explicado Garrido, que ha recordado que no es solo la SEOM la que se ha posicionado en contra de este Acuerdo Marco, sino que hay otras entidades que han mostrado su rechazo.

“Contrario a la legislación estatal”

El origen de la disputa se encuentra en el Acuerdo Marco de Alternativas Terapéuticas Equivalentes que hizo público el pasado 30 de julio la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía. Tal y como informó Redacción Médica, la SEOM ha considerado que este acuerdo “es radicalmente contrario a la legislación estatal de prescripción y dispensación de medicamentos y discrimina gravemente a los pacientes andaluces”.

En un escrito presentado ante la Oficina del Defensor del Pueblo el pasado mes de septiembre, la SEOM se apoyaba en el artículo 88 de la Ley de Garantías para solicitar a Soledad Becerril que instara a la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía a retirar dicho acuerdo, de modo que “no se vulneren los derechos de profesionales y pacientes, sobre todo el derecho constitucional a la protección de la salud”.