Sandra Melgarejo. Madrid
Los resultados de la evaluación de la Estrategia en Ictus del SNS, que mide el grado de cumplimiento de cada objetivo marcado por el texto en función de los datos declarados por las comunidades autónomas, indican que el grado de implementación es aceptable y que, en general, se puede afirmar que se han iniciado todos los objetivos establecidos para cada línea estratégica, siendo su grado de consecución variable. No obstante, en la revisión se afirma que, aunque en conjunto la Estrategia de Ictus del SNS se encuentra activa y en desarrollo en todas las comunidades autónomas, el nivel de desarrollo comparado entre las distintas comunidades es heterogéneo.
![]() Eduardo Martínez-Vila, coordinador de la Estrategia. |
Así, con respecto a los objetivos de prevención, se observa que, en las comunidades que aportan datos, un amplio porcentaje de la población está incluida en programas de prevención de hipertensión arterial, diabetes y obesidad. No se dispone de datos acerca de la calidad de estos programas y del grado de control que mantienen las personas incluidas en él, pero sí es manifiesto que, desde la primera Encuesta Nacional de Salud en 1987, la tendencia en la prevalencia de obesidad es ascendente, siendo más frecuente en hombres que en mujeres y la prevalencia de sedentarismo continúa siendo elevada, por lo que es necesario seguir impulsando intervenciones preventivas y de promoción de la salud. Además, las comunidades comienzan a evaluar aspectos de tratamiento preventivo con antiagregantes o anticoagulantes y de prevención secundaria.
En cuanto a los objetivos de atención al ictus en fase aguda, en general todas las comunidades autónomas han desarrollado de forma parcial la estructura necesaria para disponer de una red asistencial de unidades o equipos de ictus de referencia accesibles en menos de 60 minutos, la implantación del código Ictus, y de vías clínicas, protocolos o procesos asistenciales. Se han comenzado a medir y evaluar algunos indicadores para conocer el porcentaje de pacientes que reciben tratamiento específico antes de las tres horas desde el inicio de los síntomas y se han iniciado otros objetivos, como el desarrollo de campañas de información y actividades de formación dirigidas a grupos de riesgo, aunque está escasamente evaluado, un objetivo en el que también han colaborado las sociedades científicas.
Por otro lado, las comunidades informan que llevan a cabo planes individualizados de rehabilitación, prácticamente al 100 por cien, en línea de lo marcado en los objetivos de rehabilitación y reinserción. Sin embargo, aunque se identifican esfuerzos en este sentido, no todo paciente con ictus recibe una evaluación funcional como apoyo en su integración en la esfera social o laboral. Asimismo, todas las comunidades afirman tener establecidos mecanismos necesarios para que el informe al alta sea accesible de forma inmediata a los equipos de Atención Primaria, aunque en muchas está sólo en fase inicial y sin evaluar. Una gran parte de las comunidades autónomas describen y constatan la existencia de mapas estructurados de recursos, y casi la mitad informan de que, en un amplio porcentaje, el paciente y la familia reciben en el hospital la formación adecuada e información para llevar a cabo los cuidados necesarios en el domicilio.
Respecto a los objetivos de formación, todas las comunidades autónomas afirman que han realizado actividades formativas acreditadas oficialmente desde 2008 hasta finales de 2010. Por último, en cuanto a los objetivos de investigación, si bien solamente en siete comunidades autónomas se ha recogido la existencia de convocatorias específicas, en diez se han realizado proyectos en ictus financiados por la comunidad. Solo ocho comunidades autónomas afirman haber puesto en marcha medidas para la creación de redes acreditadas de centros de investigación y grupos de excelencia en ictus.