Vergeles, consejero de Sanidad de Extremadura

Cristina Mouriño. Madrid
Guillermo Fernández Vara ha confiado la cartera de Sanidad y Políticas Sociales a José María Vergeles, quien fuera director general de Planificación, Formación, y Calidad de esta Consejería en el anterior gobierno del presidente socialista (2007-2011). Durante la última legislatura ha ocupado la secretaria de Sanidad del PSOE de Extremadura, un cargo en el que ha tenido un protagonismo destacado en la oposición a las medidas desarrolladas por el popular José Antonio Monago.

Vergeles.

En su etapa en la oposición Vergeles ha mostrado su compromiso con la defensa de “un modelo de sanidad pública y universal”, que disponga de una “financiación adecuada ya que actualmente se está financiando con menos del 6 por ciento del Producto Interior Bruto de nuestro país”. Asimismo, ha apostado por “potenciar el primer nivel de atención sanitaria”, así como “impulsar la enfermería de Atención Primaria” para dar respuesta a todas las necesidades, tanto de profesionales como de pacientes, y conseguir una gestión eficiente en la región.

El secretario general de Sanidad ha destacado también en su lucha por garantizar, a todos los pacientes, el acceso a los tratamientos de la hepatitis C. En este sentido, Vergeles ha instado a la creación de un fondo específico y que se ponga en marcha en Extremadura un plan de detección precoz de pacientes con hepatitis C.

En la actualidad Vergeles ejerce como médico de Familia en un Equipo de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud. A partir de ahora el exdirector general será el responsable de desarrollar los próximos cuatro años las medidas anunciadas por el presidente de la Junta de Extremadura durante su investidura.

Tal y como ha explicado a Redacción Médica José María Vergeles entre estas iniciativas destaca “la promulgación de un proyecto de ley de defensa de la sanidad pública, la devolución del exceso de copago a los pensionistas y la apertura, esta legislatura, de todos los Puntos de Atención Continuada que se han cerrado”. Asimismo, trabajará por “retomar el diálogo social con las organizaciones sindicales que se ha paralizado en los últimos años” y para que la “colaboración público-privada no sea una medida de gestión interna del Servicio Extremeño de Salud sino que su utilización requiera la autorización de la Asamblea regional”.