El Gobierno formaliza la adjudicación de la asistencia sanitaria de estos extranjeros a una clínica privada por 419.235 euros en seis meses



18 sept. 2014 12:08H
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Cristina Alcalá. Madrid
El Ministerio del Interior, a través de la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, ha oficializado esta semana la cesión de la asistencia sanitaria de los inmigrantes ubicados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a la Clínica Madrid, un grupo sociosanitario con cinco centros médicos en la Comunidad, por 419.235 euros para seis meses.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Tras el anuncio en el BOE, el complejo médico privado pasará a hacer las labores que hacía antes el Estado y se encargará de asistir a los 2.572 ciudadanos extranjeros (2.346 hombres y 226 mujeres) que han llegado al país de forma irregular y han sido trasladados a estos complejos antes de ser expulsados, según las cifras que barajaba el Gobierno hasta marzo de este año. 

En base a estos números, se estima que el Ministerio del Interior, a través de la concesión en Clínica Madrid, destinará 163 euros en seis meses por cada inmigrante, 27 euros si se desgrana por mes, para cubrir una serie de actuaciones, entre las que se encuentran, los reconocimientos médicos, elaboración de un historial clínico, exploración general, asistencia medico-sanitaria continuada, informes para el paciente y el Cuerpo Nacional de Policía y certificados médicos, entre otros.

Anterior a la licitación, el Gobierno destinaba 8,8 millones de euros anuales para el funcionamiento de estos complejos, que aumentaron en 3,3 millones adicionales solo para reforzar los costes de la asistencia sanitaria y de servicios sociales, de intérpretes y de suministros, entre los que se encontraban los productos farmacéuticos.

El traspaso de la sanidad para estos extranjeros llega después de las innumerables polémicas que hubo a principios de año sobre este tema, desde el santo incontrolado de indocumentados a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla a las aglomeraciones injustificadas y excesivas que se forman de estos ciudadanos en los ocho CIE que la Administración tiene repartidos por todo el territorio.

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