Indemnización, puntos seguros y cobertura legal contra agresiones en el SNS

Las agresiones a sanitarios vuelven a estar en el foco de debate tanto de las instituciones políticas como de las asociaciones sindicales. Ante escenarios como el ocurrido el pasado lunes, cuando un enfermero fue apuñalado por un paciente en las urgencias del Hospital Universitario de A Coruña, los sindicatos del sector sanitario aplauden la última propuesta del Ministerio de Sanidad para reforzar la figura del personal del SNS como agente de autoridad cía Estatuto Marco, pero insisten en que la protección debe ir más allá. Por ello, entre las reclamaciones de CCOO, CSIF y UGT, destaca la petición de crear “puntos seguros” en los hospitales para que las víctimas de agresiones puedan refugiarse y piden, a su vez, indemnizaciones por responsabilidad patrimonial para los sanitarios atacados.

Resarcir económicamente a las víctimas es una de las propuestas que ha trasladado a este medio Jesús Jordán, reponsable de Políticas Públicas, Empleo e Ingesa de CCOO, que señala que la administración debe asumir la responsabilidad de indemnizar a los sanitarios agredidos mediante la aplicación de la vía de responsabilidad patrimonial. “Debe ser obligatorio resarcir a la profesional víctima de la agresión”, defiende. Además, el sindicato reclama un apoyo integral a las víctimas durante todo el proceso, incluyendo acceso a recursos legales y de salud mental.

En esta línea, Jordán explica que para CCOO es primordial reforzar la formación en protocolos de actuación frente a agresiones, ya que, según señala, “aunque los protocolos existen, no son conocidos por los trabajadores”. “Hay que promover la investigación de los incidentes de violencia en el trabajo y garantizar que las profesionales víctimas de agresiones se sientan seguras para poder denunciar esos incidentes y que puedan hacerlo dentro del propio centro de trabajo”, añade.

Sanciones y "puntos seguros" en hospitales contra las agresiones

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), presidida por Fernando Hontangas, recuerda que lleva tiempo reclamando un marco legal homogéneo en todas las comunidades autónomas que contemple sanciones “ejemplares” para los agresores. Estas sanciones no solo deberían ser económicas, sino también penales para disuadir futuras agresiones.

En el ámbito de la prevención, el sindicato reclama la creación de “puntos seguros” en todos los hospitales, similares a los ‘puntos violeta’ dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género. Estos espacios estarían equipados con cámaras de vigilancia, alarmas y botones de emergencia para que las víctimas puedan acudir a ellos en situaciones de crisis. Además, piden una mayor videovigilancia en los centros sanitarios, recordando que esta es legal siempre que no vulnere la intimidad de los pacientes.

“Hacemos un llamado urgente a las administraciones públicas para que actúen de manera inmediata y efectiva. Garantizar la seguridad de los profesionales de la sanidad no es solo un deber ético, sino una condición esencial para el buen funcionamiento del sistema de salud y la calidad asistencial que merece la ciudadanía”, defienden desde CSIF.

Más sanitarios y formación para prevenir agresiones

Desde UGT apuntan que consideran positiva la propuesta de reconocer a los sanitarios como “autoridad pública”, pero advierten que esta medida debe ir acompañada de otras acciones concretas. Ana Francés, secretaria de Salud de UGT Servicios Públicos, subraya la necesidad de afrontar el problema desde un enfoque estructural, abordando la “falta de recursos humanos en la Sanidad Pública”. En este sentido, recuerda que la mayoría de las agresiones ocurren en Atención Primaria, un ámbito especialmente afectado por la “insostenible escasez de profesionales”.

Otra de las prioridades de este sindicato es la formación tanto de profesionales como de la ciudadanía. Según datos de UGT, solo el 14 por ciento de los sanitarios agredidos presenta denuncia, mientras que el 30 por ciento de los agresores son reincidentes. Por ello, piden más concienciación y apoyo a las víctimas para que denuncien estos casos, una medida que coincide con las reclamaciones de CCOO.

Junto a esto, insisten en la importancia de visibilizar el problema a través de campañas de sensibilización y de una mayor implicación de todas las administraciones públicas. “Lo que no se denuncia no se conoce”, advierte Francés, señalando que la violencia contra los sanitarios no puede quedar reducida a “una anécdota o un día dedicado a las agresiones”.

Sanitarios como autoridad pública

Las posiciones de los sindicatos llegan después de que el Ministerio de Sanidad señalase que está en proceso de blindar la protección del personal sanitario, proponiendo su reconocimiento como “autoridad pública” en el Estatuto Marco. Desde 2015, el Código Penal establece que las agresiones a médicos o docentes en ejercicio de sus funciones constituyen un atentado contra la autoridad, penado con prisión de uno a cuatro años. Esta medida busca reforzar la seguridad de los profesionales ante el creciente número de agresiones.

Aunque la propuesta de incluir esta premisa en el Estatuto Marco ya cuenta con consenso, aún está en fase de negociación. En cuanto a los residentes, el reconocimiento no se aplicará hasta que no sean personal estatutario, una reforma que los sindicatos llevan también pidiendo desde 2020, con el objetivo de equiparar los derechos de estos profesionales con los del personal estatutario.

Además, se señala la desigualdad en la protección jurídica entre los sanitarios del sector público y privado, ya que solo los del SNS son considerados autoridad pública por el Código Penal, dejando desprotegidos a los del ámbito privado.