Catalina García y Antonio Gómez Caamaño.
Las consejerías de sanidad de Galicia y Andalucía han solicitado al Ministerio de Sanidad un
Pleno extraordinario y monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) para abordar el
déficit de médicos en Atención Primaria para este verano. Con sendas cartas remitidas a la ministra
Mónica García, Catalina García y Antonio Gómez Caamaño, responsables del departamento sanitario de Andalucía y Galicia, respectivamente, han urgido a la titular de Sanidad a convocar dicho
cónclave para que las comunidades autónomas y Gobierno puedan discutir sobre el tema.
Una “grave situación” que, tal y como ha trasladado la consejera andaluza, es común al resto de comunidades autónomas. “Nos encontramos en una situación compleja que requiere de un análisis concienzudo y sosegado de las causas de la falta de médicos en Medicina Familiar y Comunitaria (
MFyC), y de las posibles medidas que puedan tomarse para conseguir revertir el
desequilibrio de los profesionales que se jubilan con los nuevos médicos de Familia que entran al sistema tras su periodo formativo”, ha explicado la titular de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.
Desde la Xunta, por su parte, han apuntado a que esta falta de especialistas se da “principalmente” en la plantilla de
médicos de Familia y pediatras. Un problema “generalizado”, han incidido desde Sanidade, aunque indicando que no se trata de un problema específico de Galicia, “sino del conjunto de España” y que preocupa a las
autoridades sanitarias.
Ambas comunidades, gobernadas por el
Partido Popular, han lamentado que, a pesar de los requerimientos realizados desde diferentes regiones y foros, “no se ha abordado esta situación que amenaza con convertirse en
estructural”. En ese sentido, Catalina García ha señalado que el
déficit de especialistas de Familia es el principal problema que afecta a la asistencia del
primer nivel asistencial español.
Grave problema en la AP andaluza
Por otro lado, la consejera andaluza ha transmitido que de este grave déficit derivan la mayor parte de las dificultades que padecen los centros de salud: “Los
8,5 millones de usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y la orografía de una región tan extensa, nos hace aún más permeables a las enormes dificultades para contratar a especialistas que puedan cubrir los cupos que quedan descubiertos en los más de 1.500 centros de salud”.
Del mismo modo, ha recordado que también está afectado a la
Administración General del Estado a través de los ámbitos que gestiona de forma directa, como es
Ceuta y Melilla y la
sanidad penitenciaria. En este punto, ha recordado que muchos centros penitenciarios del país han debido recurrir a servicios externos de Atención Primaria ante la falta de médicos de familia para cubrir las plazas vacantes.
En esta línea, ha recordado que Andalucía, junto a otras comunidades autónomas, ha solicitado en numerosas ocasiones la necesidad de realizar una convocatoria extraordinaria de
1.000 plazas MIR más al año como medida transitoria. Al respecto, ha explicado que cada año más del 20 por ciento de los candidatos que aprueban el
examen MIR se quedan fuera del sistema por falta de plazas, “circunstancia ésta que se nos antoja especialmente contradictoria había cuenta del déficit de facultativos”.
Por otro lado, ha señalado que la
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria ha dejado por tercer año consecutivo sin cubrir plazas ofertadas en la reciente convocatoria en todo el país. “Esta circunstancia agrava aún más el desajuste de entradas y salidas del sistema, y ahonda en la necesidad de activar medidas de contingencia”. Y continúa: “Es necesario un análisis sosegado y constructivo sobre las causas y las actuaciones a seguir para revertir la situación y recuperar así el atractivo de la especialidad”.
En cuanto a las posibles medidas, ha mencionado la recuperación de la elección presencial o la introducción de más contenidos vinculados a la Atención Primaria en los
planes formativos de los grados de Medicina. “Necesitamos la acción conjunta de Ministerio y comunidades no sólo para recoger nuevas propuestas, sino, sobre todo, para ejecutar y dar cumplimiento a los acuerdos que, sobre este problema llevan ya años encima de la mesa”, concluye.
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