Redacción. Madrid
Facua-Consumidores en Acción ha sumado cuatro centros públicos a la denuncia presentada a mediados de agosto contra el Hospital de Fuenlabrada en Madrid por ceder información de los pacientes a centros privados sin el consentimiento de los afectados.
Según consta en la denuncia presentada ante la Agencia Española de Protección de Datoslos representantes de esta organización, el hospital San Pedro (Logroño), el Virgen de la Luz (Cuenca), el General Universitario Reina Sofía y el Virgen de la Arrixaca (ambos en Murcia) también cedieron de manera irregular el historial clínico de los pacientes.
"Algunas clínicas privadas llaman a los usuarios en lista de espera en nombre de las públicas en las que han sido atendidos, sin que estos lo hayan consentido, para ofrecerles sus servicios con cargo a la Seguridad Social", han asegurado los representantes de esta organización.
Según Facua, la cesión de datos sin el consentimiento de los afectados no puede hacerse ni siquiera en el caso de que exista un concierto entre el hospital público y el centro privado, "algo que ocurre en el caso de Cuenca y el de La Rioja".
Multas de hasta 300.000 euros
La ley de protección de datos señala en su artículo 7 que los datos especialmente protegidos, reza textualmente: "sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".
FACUA asegura en su denuncia que los centros sanitarios mencionados están incumpliendo presuntamente el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que indica: "el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos".
Por este motivo, la organización recuerda que el reglamento lo considera como una infracción grave y sancionable con multa de entre 40.001 y 300.000 euros. FACUA ha pedido a los consejeros de Sanidad de Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja que den explicaciones públicas y que "depuren responsabilidades y se castigue a los responsables del incumplimiento de la ley".
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