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Redacción / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha analizado este martes el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales desde una perspectiva sanitaria. Para González Jurado se trata de una apuesta por la modernización de los colegios profesionales como órganos reguladores de sus profesiones y su adaptación a la realidad europea, algo que el sector venía demandando desde hace muchos años. Así, ha señalado que con el actual proyecto normativo “ganamos todos: el paciente, en el caso de las profesiones sanitarias, porque van a estar muy protegidos sus derechos; el profesional, que se va a ver respaldado en sus buenas prácticas profesionales, y el propio sistema sanitario”.
González Jurado ha destacado que este anteproyecto ahonda en las bases que ya estableció en su día la Ley Ómnibus, que traspuso a nuestra legislación la Directiva de Servicios Profesionales de la Unión Europea. Según el nuevo Anteproyecto, en el ámbito sanitario se establece la colegiación obligatoria para todos aquellos profesionales que, ya sea en el sector público o privado, tengan un contacto directo con el paciente. Para González Jurado “no se podría hacer de otra manera, pues toda la legislación que se está poniendo marcha, tanto en España como en el ámbito europeo, lo que pretende es proteger a los usuarios”. La futura ley de servicios profesionales, como en su día ya hiciera la Ley Ómnibus, establecerá asimismo que esta materia de la colegiación es competencia exclusiva del Estado. Por ello, “las comunidades autónomas no pueden legislar al respecto, pues la regulación de una profesión es de carácter estatal”. Además, en el caso de profesiones donde existe obligatoriedad de colegiación, son los colegios profesionales los que tienen la capacidad de representación exclusiva de la profesión.Separación de poderes La nueva regulación que se va a tramitar introduce, según el presidente enfermero, y “por primera vez, una clara separación de poderes en los colegios profesionales”. Separación que se ha solicitado desde el propio Consejo General de Enfermería, pues si bien el poder legislativo sí estaba reconocido como tal, a través de las asambleas generales, tanto de los colegios provinciales, como del propio Consejo General, el poder ejecutivo y el judicial confluyen en las juntas directivas o de gobierno, de las que dependen las comisiones deontológicas. “Las comisiones pueden abrir un expediente, pero no tienen capacidad ejecutiva de las decisiones que tomen, sino que deben ser adoptadas por la junta directiva, algo que resulta inaceptable hoy en día”.Régimen de incompatibilidades En los colegios profesionales de adscripción obligatoria se trataba de un tema fundamental. Así lo ha reconocido el presidente de los enfermeros españoles, afirmando que es una cuestión que ha sido solicitada desde la propia organización que él dirige. Así, ha señalado que “yo no puedo ser presidente de un colegio, y al mismo tiempo ser miembro de un consejo de administración de una compañía de aseguramiento, porque puedo tener que tomar decisiones en el ámbito de ordenación profesional y deontológico que pueden colisionar con los intereses que tiene esa compañía”. Lo mismo sucede con los directivos de una organización política o una organización sindical. En todos estos casos, para González Jurado la incompatibilidad “ha de ser totalmente rígida”.
Asimismo, ha señalado que, desde el Consejo General de Enfermería, se ha solicitado al Ministerio de Economía que, entre las incompatibilidades, se incluya también a los liberados sindicales “pues es una situación en la que se menoscaba el nivel de independencia claramente”. |
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