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Redacción. Madrid El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el cobro del euro por receta aprobado por la Generalitat de Cataluña el pasado marzo, lo que implica la suspensión cautelar de la medida durante al menos cinco meses.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende en su recurso que la medida implantada en Cataluña afecta a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución. Alegaciones La reacción de la Generalitat de Cataluña no se ha hecho esperar y Francesc Homs, consejero de Presidencia, ya ha anunciado que la región presentará alegaciones ante la decisión del Constitucional. Asimismo, Homs ha defendido el euro por receta, y ha asegurado que, según los cálculos del govern, ha sido la razón de "un ahorro del 20 por ciento en el gasto asociado a la emisión de recetas". Ha asegurado que, de esta manera, el euro por receta ha contribuido a "moderar" el consumo sanitario y se ha hecho una pedagogía de la austeridad entre la ciudadanía que tanto se reivindica desde Europa. Además, Homs ha opinado que el Gobierno central ha demostrado con su recurso al euro por receta que tiene "una celosía incomprensible" ante las cuestiones competenciales. Menos recursos Por otro lado, Miquel Vilardell, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) y del consejo asesor de la Generalitat en materia de salud, ha advertido de que la decisión del Constitucional va a provocar "menos ingresos para el sistema sanitario". Por ello, ha reclamado a los gobiernos catalán y central que luchen por llevar a cabo "medidas muy consensuadas para evitar la retirada final de las propuestas". Sobre si la administración regional buscó este consenso en la aplicación del euro por receta, Villardel ha señalado que "a veces estas medidas se politizan mucho y, en este momento, se deberían buscar otras sin contenido ideológico". Mientras, los farmacéuticos catalanes ya tenían prevista esta situación, por lo que ya está preparado el sistema informático y están a la espera de la comunicación oficial para "apretar un botón" y dejar de cobrar la tasa, ha indicado Francesc Pla, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona. Perjudicial Fue el pasado diciembre cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la intención del Gobierno al entender que la tasa catalana “perjudica” a la igualdad de los españoles al “gravar dos veces” la adquisición de medicamentos. La vicepresidenta añadió que el Gobierno solicitaría al tribunal de garantías la suspensión del euro por receta en Cataluña para “evitar que los ciudadanos sigan pagando” un sobreprecio que “afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias”. El Ejecutivo central atendió entonces el dictamen emitido por el Consejo de Estado en el que se consideraba que la medida implantada por la Generalitat podía ser “inconstitucional”. Se encuentra en vigor desde junio del pasado año. |
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