Redacción. Madrid
El Grupo Parlamentario Socialista pide al Gobierno que medie con Grünenthal, la empresa farmacéutica fabricante de la talidomida, “para que asuma su responsabilidad con las personas afectadas, como han hecho otros países”.
Asimismo propone evaluar la aplicación del Real Decreto 1006/2010 -aprobado por el anterior Gobierno socialista- por el que se concedieron ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España, así como el protocolo que en su día estableció el Instituto Carlos III para determinar las personas víctimas del fármaco, con el objetivo de “impulsar las medidas necesarias para subsanar las posibles disfunciones detectadas en dicha evaluación”.
El PSOE también reclama que, hasta que no se derogue el Real Decreto-ley 16/2012, “se exima a las personas con anomalías congénitas derivadas de la Talidomida de la obligación de aportar en la prestación farmacéutica obligatoria”
Los socialistas se reunieron con Avite en diciembre
Los socialistas han presentado este jueves ante el Congreso una proposición no de ley con medidas de apoyo, reconocimiento y reparación para este colectivo. La iniciativa llega después de que el secretario general del grupo parlamentario, Miguel Ángel Heredia, y el portavoz de sanidad del partido, José Martínez Olmos, se reunieron el pasado mes de diciembre con representantes de Avite (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España), a quienes mostraron su apoyo y con quienes se comprometieron a llevar al parlamento sus reivindicaciones, compromiso que se plasma ahora en esta proposición no de ley.
“Vamos a hacer todo lo posible para que la sociedad en su conjunto reconozca esta situación que de manera injusta sufrieron tantas personas y que se reparen las consecuencias que tuvo la utilización de este medicamento”, ha asegurado el portavoz socialista de Sanidad, José Martínez Olmos, quien ha subrayado que el anterior gobierno socialista fue quien, por primera vez, “reconoció derechos, compensaciones y prestaciones económicas para este colectivo, y sobre todo garantías de una mejor asistencia sanitaria”.
“Desde el Grupo Socialista mantenemos la sensibilidad que siempre hemos mostrado con este colectivo y estamos dispuestos a que se revise, en su caso, el cumplimiento y la aplicación de este Real Decreto –que fijó indemnizaciones de entre 30.000 y 100.000 euros, en función del grado de discapacidad causado por la medicación-, así como el protocolo que estableció en su día el Instituto Carlos III para determinar a las personas afectadas”, señala Martínez Olmos.
“Consideramos que hay que continuar profundizando en la mejora de la respuesta que tienen que dar las administraciones públicas a esta problemática, más aún tras la respuesta que han dado los tribunales eximiendo de responsabilidad a la empresa farmacéutica, anulando la indemnización a las personas afectadas y dejándolas sin la posibilidad de tener alguna ayuda o compensación”, ha afirmado.
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