Redacción. Madrid
Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas ya han mantenido la primera reunión para ir perfilando el proyecto de Real Decreto por el que se regulará el registro estatal de profesionales sanitarios, que adelantó Redacción Médica en exclusiva en su edición del pasado 21 de febrero. Tras haber enviado las regiones sus correspondientes alegaciones al borrador que les fue remitido por Sanidad a finales de febrero (aunque no todas lo han hecho, siendo Cataluña una de las que no han ofrecido respuesta, según ha podido saber Redacción Médica), para lo que han tenido un plazo de tiempo de un mes, llega el momento de que el Ministerio analice las alegaciones recibidas y cuáles son las que se deben incorporar al futuro real decreto.
La ministra de Sanidad, Ana Mato. |
Además de con las administraciones autonómicas, el Ministerio tiene previsto mantener en las próximas fechas más reuniones con el resto de organismos y entidades a las que remitió el borrador para recibir sus alegaciones, la más inmediata con los centros sanitarios privados inscritos en el Catálogo y Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios de acuerdo con el RD 1277/2003.
Aunque son muchos los interlocutores a los que se ha pedido opinión y con los que hay que sentarse ahora a darle forma definitiva al proyecto, la intención del departamento que dirige Ana Mato es que el texto que se elabore tras esta etapa de alegaciones sea remitido a la Comisión Delegada y órganos previos del Consejo Interterritorial, con la mente puesta en que Ministerio y comunidades tengan el proyecto sobre la mesa en la próxima reunión del Interterritorial, que si bien no tiene fecha fijada es previsible que se celebre en junio o julio a más tardar, en cualquier caso antes de las vacaciones estivales.
Tras este paso por el Interterritorial, el proyecto será remitido al Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros para lograr la luz verde definitiva. Y una vez en esta situación, la pelota volverá de nuevo al tejado de las comunidades autónomas, quienes tendrán que ofrecer los datos de los profesionales sanitarios que dependen de ellas en un plazo de seis meses. Y según esta primera reunión mantenida con el Ministerio, las regiones se han mostrado totalmente dispuestas a colaborar y a intentar cumplir ese margen de seis meses para que Sanidad dé forme definitiva al registro antes de que transcurran tres meses después de esta última fase del laborioso proceso.