El Gobierno encarga una auditoría fiscal nunca vista al gasto farmacéutico

El Gobierno quiere saber de primera mano si los 18.000 millones repartidos en subvenciones han tenido un buen uso por parte de los receptores. Por ello, ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una auditoría sin precedentes de todo el gasto público para detectar ineficiencias o para señalar dónde se puede apretar el cinturón si hiciera falta aplicar nuevos recortes, y lo hará empezando por Sanidad. 

Después de varios proyectos piloto, la autoridad fiscal comenzará por analizar los medicamentos que se dispensan a través de receta médica, según recoge El Independiente. En este sentido, los auditores quieren poner bajo la lupa la Ley de Copago Farmacéutico del Ministerio de Sanidad, los sistemas de formación de precios o el listado de medicamentos financiables. 

Con este análisis se pretende ver si existen problemas en la oferta de la Administración central, que decide los medicamentos que irán financiados y a qué precios. 

10.000 millones invertidos

En esta línea, también se quiere auditar el funcionamiento de las comunidades autónomas. En concreto, el polémico sistema de subastas andaluz, fijado en 2012 como método de ahorro para, en principio, obligar a los laboratorios a rebajar el precio de los medicamentos para que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) pudiera comprárselos. 

De este modo, la AIReF tendrá que analizar en los próximos meses el correcto uso de los 10.000 millones invertidos en farmacia extrahospitalaria para valorar su eficiencia y la eficacia de los medicamentos. 

Este proyecto de la autoridad fiscal pretende ser un primer paso para implantar la cultura de la autoevaluación en la Administración, una idea que proviene de la Comisión Europea y el Eurogrupo para que lo vayan instaurando antes de que en 2018 tengan que pasar un examen comunitario. Desde el pasado verano, la AIReF se está reuniendo con los ministerios y las comunidades autónomas para recabar unos datos que muchas veces no se entregan y para asegurarse de que existe un compromiso de que se pondrán en práctica los cambios necesarios cuando haya conclusiones.