El Estado seguirá cofinanciando la dependencia más allá de 2016 si no cambia la ley

Redacción. Madrid
La financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es uno de los grandes motivos de fricción entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y precisamente este ha sido uno de los focos que ha centrado la comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados del director general del Imserso, César Antón, que ha asegurado que, si no se cambia la Ley de Dependencia, el Estado seguirá cofinanciando el sistema de prestaciones y ayudas a personas dependientes más allá de 2016.

César Antón, en una fotografía de archivo.

La Ley de Dependencia establece en su disposición transitoria primera que el Estado debe establecer anualmente en sus Presupuestos los créditos necesarios para establecer los convenios que permitan a las autonomías financiar la implantación del SAAD. Sin embargo, la misma norma “establece un compromiso explícito hasta 2015”, tal y como le ha recordado a Antón el diputado de CiU, Carles Campuzano, por lo que se ha preguntado si se van a implantar cambios en el sistema de financiación.

Desde la oposición se ha criticado también que, si bien el sistema actual se financia en teoría al 50 por ciento entre el Estado y las autonomías, estos porcentajes no se están cumpliendo”. Además, han denunciado la “infrafinanciación de los servicios sociales”.

Según ha explicado Antón, la ley establece la garantía de un nivel mínimo a transferir a las comunidades autónomas por personas beneficiarias, grado y servicio que recibe. “Si no cambia la ley, tendrá que seguir garantizándose después de 2016, y eso los presupuestos lo están dotando”, ha asegurado, al mismo tiempo que ha recalcado que la aportación del Estado “siempre” es “complementaria” a la de las autonomías según el actual marco legal.

Personas pendientes de atención

Por otra parte, Antón ha destacado que el Gobierno está trabajando para que todas las personas que siguen pendientes de atención puedan recibirla, en referencia al informe provisional del Tribunal de Cuentas sobre la Ley de Dependencia que se conoció el pasado mes de marzo. Según recoge el citado informe, en varias autonomías se advierte un retraso “especialmente significativo” en el incumplimiento del plazo legal para acceder a una prestación, que la norma establece en un máximo de seis meses.

Asimismo, el director general del Imserso ha considerado que no se puede establecer una relación directa entre las personas que fallecen y la causa de ser beneficiarios de dependencia y no recibir las ayudas. Además, ha asegurado que, mientras que en 2011 recibían prestación de dependencia el 71 por ciento de las personas con derecho a ello, en la actualidad esta cifra ha ascendido al 80 por ciento.

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