El cambio de cultura sanitaria amplía la vía judicial que atañe a los directivos

Javier Barbado / Imagen: Miguel Fernández de Vega y Cristina Cebrián. Lorca
El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ricardo De Lorenzo, ha alertado de que las nuevas tecnologías amplían la trascendencia de las reclamaciones por vía judicial que atañen al directivo de la salud, y, en este sentido, ha advertido de que “no le estamos dando [a este hecho] la importancia que merece”.

Ricardo De Lorenzo y Diego Fermández López, secretario general técnico del Servicio Murciano de Salud (SMS),

 
Para ilustrarlo, ha citado varios ejemplos de actualidad, entre ellos una condena a un médico balear por “mirar la historia clínica de un compañero de profesión que había estado sometido a tratamiento psiquiátrico, y hacerlo sin autorización”. El directivo -relató- se libró en esta ocasión por tratarse de una acusación por la vía penal, pero al presidente de la AEDS le sirvió como “aviso para navegantes sobre el futuro de las reclamaciones” en el ámbito hospitalario.

La conferencia de De Lorenzo ha sido pronunciada en el contexto del Encuentro de Directivos de la Salud de la Región de Murcia, que ha organizado en Lorca el grupo empresarial Sanitaria 2000 con el auspicio de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y la colaboración de Gasmedi y Siemens.
 
También se refirió el ilustre jurista al caso de la alerta por el virus del ébola en Madrid, y, en concreto, a las acusaciones vertidas contra el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, por la opinión pública que le costaron el cargo, según matizó, “cuando ahora se ha demostrado que la paciente mintió”, tal como aquél advirtió subrayando que lo añadía “como un comentario de su cosecha”.

Para el abogado, existe una responsabilidad clara en todo aquello que se relaciona con  las historias clínicas y sus nuevos formatos electrónicos, lo que incluye su guardia y custodia por parte de los directivos: “No hemos avanzado nada en protección de datos, pues el médico no le da la suficiente importancia ni tampoco se la dan los centros públicos; sí, algo más, los privados”, enfatizó.

Carlos Alberto Arenas, gerente del Área IX-Vega Alta del Segura, Ricardo De Lorenzo y DIego Fernández López.

 
De Lorenzo rememoró un juicio en Burgos, hace muchos años, en el que se le requirió para defender al médico acusado: “En mis conclusiones padecí, al pronunciarlas, una fuerte afonía; tiempo después, me citaron en el hospital y, en recepción, me recibieron sabiendo a qué iba y pidiéndome consejo jurídico hasta cuatro médicos”, ratificó para poner de manifiesto la nebulosa conciencia de privacidad de los datos clínicos de los enfermos, al menos en aquel momento.

El conferenciante se dirige al auditorio del Parador de Lorca, repleto de altos cargos de la dirección sanitaria murciana.

En la misma línea, criticó que, en las listas de verificación o check-list en quirófanos y unidades clínicas, se aporte a menudo más información que en otros contextos y formatos pensados para salvaguardar la intimidad de los pacientes.

Con relación a la seguridad y los riesgos laborales, De Lorenzo recordó que, en este terreno, no ha habido grandes sentencias ejemplarizantes: “Pensé que el contagio masivo de hepatitis C, en su momento, marcaría un antes y un después en la responsabilidad de las revisiones de los médicos, pero no fue así”. Y aludió de nuevo al caso reciente de contagio por virus del ébola en la capital, y, en concreto, a la normativa sacada a colación por el Consejo General de Enfermería “que no estamos cumpliendo al cien por cien” (también citó aquí las normativas comunitarias sobre lesiones por objetos cortantes y punzantes como, por ejemplo, las jeringuillas”.

De izq. a dcha.: Carlos Arenas, director gerente del Área IX-Vega Alta del Segura; José María Pino, presidente de Sanitaria 2000,  y Catalina Lorenzo, consejera de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.

También aludió a la normativa prevista en la Unidad Europea para unificar la protección de datos sobre salud, e instó al auditorio a cuidar la supervisión de los documentos de consentimiento informado, salud  laboral y prevención de riesgos laborales.
 
Culpa ‘in vigilando’
 
Ya en el turno de preguntas, De Lorenzo contestó a uno de los gerentes que le preguntó sobre la culpa in vigilando: “Usted es responsable de todas las culpas de un tercero que tienen lugar en el centro que dirige si le atañe vigilar los procesos de confidencialidad de los pacientes”, aseveró.

En la primera imagen, uno de los asistentes lee el programa. A la dcha., Antonio Motos, representante regional de Siemens.

 
El gerente del Complejo Hospitalario de Toledo y vocal de Sedisa, Carlos Alberto Arenas, advirtió de que los servicios de salud de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha se encuentran “muy judicializados” respecto a los de otras autonomías, y puso como ejemplo al colectivo de padres que protestó por no disponer el centro de infraestructuras, según ellos, adecuadas en oncología pediátrica. De Lorenzo asintió en el sentido de que, a veces, la política se cruza con el mundo de la judicatura, y mencionó la reciente manifestación de pacientes de hepatitis C: “El riesgo [de judicialización] es el mismo, en realidad, que el existente en los años 70, solo que ahora se acentuado la posibilidad de llevarlo a la práctica”, resumió.

Miguel Navarro, responsable de Administración del Hospital Virgen del Alcázar de Lorca; Luis Mesa del Castillo, director general del Hospital Mesa del Castillo; Alicia Martínez, de Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y Política Social.

A la izq., José María Fernández Rodríguez, director de Servicios Sanitarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias, y Ricardo López, director general de Sanitaria 2000. A la dcha., José Javier Aranda, director de Gestión del Área I- Hospital Virgen de la Arrixaca, y Godofredo Falomir Gil, gerente del Área V del SMS.

Francisco Pellicer, director de Gestión del CHU de Cartagena; Tomás Murcia Alemán, gerente del Área II de Cartagena; Sebastián Castillo Muñoz, director gerente del Área VIII; Domingo Cubillano Herrero, director médico del Área I-Murcia Oeste; y Diego Fernández, secretario general del Servicio Murciano de Salud.

A la izq., José María Abellán, vicepresidente segundo de la Asociación de Economía de la Salud, y José Javier Herranz, asesor facultativo del Servicio Murciano de Salud. A la dcha., Luis Cortina, director general de Siemens Healthcare España, junto a Jesús Prieto, de Siemens.

Del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061: Remedios Gómez (directora de Enfermería), Francisco Celdrán Gil (gerente), Diego Gómez Sánchez (director médico), e Inmaculada Lorca Sánchez (directora de Gestión).

César Pascual, gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Cantabria, con su mujer, Ana Casado, supervisora de Área de Recursos Materiales del Marqués de Valdecilla, junto al presidente de Sanitaria 2000, José María Pino.

Domingo Coronado, director gerente del Área I; José María Cerezo, gerente del Hospital Reina Sofía de Murcia; y Francisco Miralles, secretario general de CESM.

Antonio Motos, de Siemens; Francisco Sánchez Pérez, director de Gestión del Área VI; y Abraham Ledesma, de Siemens.