El calendario europeo urge la reforma del modelo de financiación sanitaria

La decisión de la Comisión Europea de reformar las reglas fiscales que deben cumplir todos los países miembros antes de que finalice 2023 ha despertado la necesidad de que España acelere también sus propios planes para transformar su modelo de financiación autonómica, lo que incidirá de manera directa en las futuras inversiones en sanidad. Los expertos económicos ya han advertido sobre la importancia de evitar que estas dos grandes transformaciones se distancien mucho en el tiempo y han urgido a la clase política nacional a dar más velocidad a las negociaciones.

Un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha señalado que está previsto que el debate interno sobre la fiscalidad europea culmine este año, por lo que los cambios entrarían en vigor en 2024. Sin embargo, dudan de que estas fechas se puedan simultanear en España con la reforma de la financiación de las comunidades debido a la entrada en escena de las elecciones.

“Si bien la reforma de las reglas fiscales europeas condicionará sustancialmente el marco de gobernanza fiscal español, el proceso de reflexión acerca de cómo adaptar nuestra estructura institucional a esos nuevos tiempos no debería esperar a la culminación del primero”, ha subrayado el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Diego Martínez López, que ha firmado el documento de Fedea.

El experto en federalismo y gobernanza fiscal ha advertido que los retos sobre consolidación fiscal que tiene el país por delante son de una gran “magnitud”, lo que requiere “dosis elevadas de credibilidad” y que se inicie cuanto antes la reflexión sobre los pasos que debe dar España. Ante las dificultades para cuadrar los dos calendarios, desde Fedea ya apuntan a la necesidad de al menos articular una “secuencia para las haciendas subcentrales que replicase de manera inteligente el esquema europeo”.

Cambios en la financiación sanitaria 

Este modelo pasa por incorporar cambios como relacionar la reducción de la deuda pública de las administraciones con los ingresos corrientes y no solo con el Producto Interior Bruto (PIB), adaptar los instrumentos de control de gasto, establecer reglas de evolución “factibles y creíbles” para la sostenibilidad de las autonomías o realizar ajustes transitorios ligados a la infrafinanciación relativa de algunos territorios.

El autor del informe ha advertido además sobre algunos de los problemas del marco español como la falta de más sanciones o incentivos a través de las leyes de estabilidad, el encaje de las cuentas de la Seguridad Social vinculadas al sistema de pensiones en las próximas décadas o la incertidumbre en un modelo marcado por 17 comunidades autónomas. “El federalismo fiscal aplicado en nuestro país lleva estancado prácticamente una década, sometido a parches temporales que, sin embargo, devienen en elementos estructurales del sistema de gobernanza fiscal en algunos casos”, ha expuesto Martínez López.

El debate se ha puesto sobre la mesa después de que a lo largo de la legislatura los partidos políticos hayan insistido en la necesidad de cambiar el modelo de financiación. El Gobierno ya se comprometió a estudiar alguna partida finalista para la sanidad pública en la reforma, tras las peticiones de Más País. Mientras que regiones como Asturias ya han advertido que serán necesarios cambios "urgentes" en un contexto en el que se prevé que el gasto sanitario se dispare.