Dos factores y dato epidemiológico para la jubilación anticipada en sanidad

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo acuerdo con los sindicatos para culminar la reforma de pensiones iniciada en 2021 con una legislación mejorada del modelo de jubilación gradual y flexible. Además, contempla la jubilación anticipada para aquellos profesionales de sectores de actividades penosas, tóxicas o peligrosas, entre las que reclaman estar los profesionales de la sanidad española. Según han avanzado los interlocutores sociales, se tendrán en consideración las dimensiones de la edad y el género, y la posibilidad de incorporar los informes epidemiológicos a instancia de los solicitantes.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha ofrecido también una rueda de prensa en la que ha definido este pacto como un acuerdo que “da respuesta a los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores”. Según ha explicado, uno de los aspectos “fundamentales” de este acuerdo tiene que ver con la jubilación anticipada, que afectará a todas aquellas profesiones que cuenten con situaciones “penosas” y con “riesgos especiales”.  Esta afectará, tal y como ha explicado, a “los sectores donde se puedan objetivar los requisitos de penosidad o situaciones de especial insalubridad”. En su opinión, se trata de un pacto “de máxima relevancia para los pensionistas de hoy y del futuro y para los desafíos de nuestro mercado de trabajo”. 

Se trata de un acuerdo que ha sido suscrito por el Gobierno, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

La “penosidad” en el sector sanitario

El pasado mes de febrero, el Ministerio de Seguridad Social avanzó a Redacción Médica que los sindicatos ya contaban con un borrador del real decreto que reformará la jubilación anticipada. Según las mismas fuentes, por aquel momento todavía no se había hablado de “colectivos concretos” que puedan beneficiarse del nuevo modelo, pero sí de “indicadores objetivos” que especificarán qué trabajadores que podrán acogerse al mismo, lo mismo que ocurre con el documento presentado este miércoles.

Para ello, el Ejecutivo planteaba la creación de un grupo de trabajo para estudiar qué colectivos podrían sumarse. De cara a su elaboración y, en concreto, a los puntos que podrían afectar a los sanitarios, los agentes sociales apelaron en todo momento a la “peligrosidad” y “penosidad” a la que se enfrentan médicos y enfermeros en su labor, algo que ya habían transmitido a la propia Elma Saiz y al titular de Función Pública, José Luis Escrivá.

El documento final, al que ha tenido acceso Redacción Médica, está elaborado en esta misma línea, y recoge que “aquellos trabajos que sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad” contarán un “nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores” que permitan “rebajar la edad ordinaria de acceso a la pensión de jubilación”.

Para justificar estos coeficientes se establecen tres indicadores principales que miden la incidencia de las bajas laborales por contingencias comunes y profesionales, por género y grupo de edad; la incidencia de sucesos graves que conllevan fallecimientos y reconocimientos de Incapacidades permanentes; y la duración media de los procesos.

Estos indicadores se complementan con otros dos adicionales que aíslan la incidencia de factores como la rotación en el puesto de trabajo o la parcialidad del colectivo objeto de estudio “poniendo en relación el número de días y horas de baja, con los días y horas de alta en el periodo”, tal y como detalla el documento.

Detalles de la reforma de pensiones

Según detallan desde el propio Ministerio, el Gobierno y los interlocutores sociales han logrado “un punto de entendimiento en los avances para la regulación de las modalidades de compatibilidad de trabajo y pensión”, en concreto, en lo que se refiere a la jubilación activa y la jubilación parcial.

Uno de los aspectos principales que recoge este acuerdo es el incentivo por retrasar la percepción de la pensión, que a partir de ahora se llevará a cabo por semestres. De este modo, se incrementará un dos por ciento el importe de la pensión, o su equivalente a tanto alzado. Además, se mantiene la posibilidad del cobro mixto, es decir, una parte en incremento de la pensión y otra en abono de una cantidad a tanto alzado. Tal y como detalla UGT, estas cantidades “son compatibles con el acceso a la jubilación activa”.

En concreto, la jubilación activa, elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa. Según el Ministerio, esto “facilita su acceso y tiene una especial incidencia desde la perspectiva de género”. Este tipo de jubilación será compatible con los incentivos de demora y su compatibilidad se fijará en función del tiempo que se demore (de manera que cada año de demora en la jubilación activa, incrementará el porcentaje a aplicar en el percibo de la pensión).

Por su parte, CCOO detalla que la jubilación parcial “se prorroga hasta el fin de 2029”. Según explica, esto “resuelve con plena seguridad jurídica la incertidumbre a la que se han visto abocados los procesos de negociación colectiva de este sector ante la necesidad de acudir a prórrogas anuales”. Además, se ha establecido una marco de progresiva convergencia de esta modalidad de jubilación con la modalidad general. Para ello, se ha establecido un compromiso de cotización progresiva por la jornada completa que se iniciará en 2025 cotizando por el 40 por ciento hasta alcanzar en 2029 una cotización por el 80 por ciento de jornada.

“De este modo se avanza en un proceso de convergencia entre las distintas modalidades de jubilación parcial actualmente existentes en un plazo de tiempo prudencial y tomando como referencia los requisitos más gara​ntistas de cada regulación”, detallan desde CCOO.

Según el Ministerio, con estas medidas se busca que los trabajadores “puedan realizar una salida del mercado de trabajo más progresiva y flexible”, en línea con los países del entorno, y que esté “más adaptada a las condiciones y situaciones de cada persona trabajadora”.

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

Sáiz también ha querido poner en valor el papel de las mutuas como entidades colaboradoras con la Seguridad Social. “Gestionan recursos públicos y forman parte del sistema público, buscando la mayor eficiencia”, ha señalado.

“El acuerdo alcanzado busca dar respuesta también a las listas de espera,  a esas situaciones en las que se encuentran los trabajadores, sobre todo aquellas que tienen que ver con las bajas de origen traumatológico”, ha detallado. “A su vez, este pacto servirá para aliviar al sistema público, a descongestionarlo,  con un uso más eficiente de los recursos públicos, especialmente respecto al papel de las mutuas en las situaciones de origen traumatológico”, ha añadido.

En concreto, el texto del acuerdo detalla que se aplicará a los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes “que afecten a trabajadores en situación de incapacidad temporal en los que la cobertura de la prestación económica corresponda a una Mutua colaboradora con la Seguridad Social”.

Según se explica, serán procesos “referidos a patologías de origen traumatológico incluidas en los capítulos 13 y 19 de la clasificación internacional de enfermedades CIE-10-ES en los que se hayan superado en cada provincia y/o CCAA las duraciones recogidas en el Manual de tiempos óptimos de incapacidad temporal editado por el INSS, que se recogerán expresamente en el convenio”.

Esta postura llega después de que los sindicatos endureciesen su postura frente al Gobierno en la Mesa de Diálogo Social del pasado mes de marzo. Ocurrió después de que conociesen este modelo planteado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que las mutuas gestionen casos de Incapacidad Temporal (IT) por las patologías traumatológicas.

En este sentido, las organizaciones sindicales supeditaron su apoyo a que el departamento de Saiz mostrase interés en la implantación de la jubilación parcial, un compromiso adquirido en 2023, en el marco de la reforma de las pensiones, que en el aire tras la convocatoria de elecciones generales, pero que parece que vuelve a coger rumbo.