Cuestionan que la e-salud demuestre el compromiso del gobierno de España con la transparencia

Mariano Rajoy y Ana Mato, presidente del Gobierno y ministra de Sanidad, respectivamente.

Redacción. Madrid
Un informe de la Alianza para el Gobierno Abierto, a la que España pertenece desde 2011, advierte del retraso en la puesta en marcha de los compromisos del Gobierno en materia de transparencia y gobierno abierto, y pide mejoras en la normativa y en participación ciudadana en las políticas públicas.

Particularmente, avisa de que algunos de los compromisos plasmados por el Gobierno en su propio plan de acción de 2012 no tienen mucha relevancia para los valores del gobierno abierto, como los planes de sanidad electrónica.

Pide más transparencia en las cuentas de las administraciones públicas y más reorientar el proceso de simplificación normativa para que participen los ciudadanos, si se quiere que estos compromisos tengan un impacto de gobierno abierto. Los planes de e-Justicia y e-Salud, añade, están vinculados a la eficiencia y la calidad del sistema, pero no tanto al Gobierno abierto, al igual que el sistema RED de la Seguridad Social.

Propone también que el próximo plan de acción de transparencia y gobierno abierto no lo haga la Administración General del Estado --el Ministerio de Presidencia-- en solitario, sino que lo abra a la participación ciudadana y de las comunidades autónomas --por ejemplo en la Conferencia de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas--, algunas de las cuales ya tienen experiencia en gobierno abierto.

En esa línea, lamenta que el Gobierno no haya puesto en marcha ningún plan de divulgación sobre el gobierno abierto, porque mientras la Ley de Transparencia ha generado interés, el gobierno abierto, que incentiva la participación de los ciudadanos en las políticas, sigue siendo algo desconocido en España.

Compromisos sin cumplir

El documento, recogido por Europa Press, constata que España ha cumplido cinco de los 13 compromisos de su plan de acción, pero avisa de que seis de los 13 no tienen mucha relevancia para el Gobierno abierto. De entrada, recuerda que la recién aprobada Ley de Transparencia y Buen Gobierno no cumple los estándares internacionales y no reconoce el derecho de información como un derecho fundamental. Además, recomienda aclarar su ámbito de competencia, reconocer el poder del Consejo de Transparencia y limitar al máximo los requisitos para poder solicitar información.

Señala también que aún no ha comenzado su andadura una reforma de la ley de subvenciones y constata que el problema a resolver no es la transparencia sino el desvío de recursos de las "subvenciones nominativas de carácter general, cuyo uso abusivo así lo ha permitido", según el texto del borrador que aún puede sufrir cambios.