Cribados 'sin filtros' y menos presión asistencial para acabar con el VIH

El pasado mayo, el Ministerio de Sanidad sacaba pecho por las últimas estimaciones sobre el aumento de diagnósticos de VIH en España. El estudio, elaborado en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, reflejaba que el número de personas con VIH no diagnosticadas se había reducido en un 42,3 por ciento en los últimos cuatro años, lo cual elevaba la tasa de diagnósticos al 92,5 por ciento, muy cerca del 95 por ciento fijado para 2030 por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pese a ello y a que el compromiso politicoasistencial parece fuera de duda, lo cierto es que el VIH aún sigue siendo un problema de salud pública en España y el resto de Europa. Ante esta situación, los expertos consultados por Redacción Médica señalan dos claves que han de marcar la senda hacia el freno definitivo de las infecciones: ampliar los screenings a toda la población sexualmente activa y paliar la presión asistencial sanitaria.

De forma habitual, el cribado de VIH está recomendado, principalmente, para grupos de población considerados de mayor riesgo, esto es, personas que mantienen relaciones sexuales sin protección, mujeres embarazadas y, en el caso de la drogodependencia, personas que han compartido agujas. Es en el primer colectivo en el que se centra Antonio Ocampo, médico internista y presidente de la Sociedad Gallega Interdisciplinaria del Sida (Sogaisida): “No hay que olvidar que el VIH es una ETS, por lo que debemos ampliar las sospechas a cualquier persona con actividad sexual, no sólo a quienes vienen a Urgencias con herpes o mononucleosis”, afirma para defender la idea de aumentar el espectro poblacional para practicar los screenings.

Por lo demás, el facultativo coincide en señalar las habituales reivindicaciones: más educación y concientización de educación sexual integral y prácticas seguras, facilitar el acceso universal a las terapias antirretrovirales, seguir apostando por la profilaxis pre-exposición (PrEP), trabajar para eliminar los estigmas sociales vinculados al VIH y continuar aumentando el porcentaje de personas con carga viral indetectable, que asegura que no pueda darse la transmisión.

La saturación del SNS dificulta la atención adecuada al VIH

Sin embargo, Ocampo reconoce que es necesario dar “un empujón” para que los equipos de Atención Primaria “estén más concienciados en la detección precoz del VIH”. En cualquier caso, afirma que parte del problema al respecto reside en la “sobresaturación” a la que están sometidos sus profesionales. “Hay pocos médicos y enfermeros y la presión asistencial es muy alta”, lamenta.

“Nuestra sanidad pública es muy buena, de las mejores del mundo, con sus defectos, y de eso te das cuenta cuando vas al extranjero. No podemos dejar que eso se pierda”, sostiene, ante lo cual aboga por una mayor inversión presupuestaria en Atención Primaria.

La pandemia contribuyó al descenso de diagnósticos

La Revista Española de Salud Pública recoge, en su número del pasado 6 de noviembre, un artículo que analiza el Impacto de la pandemia de la Covid-19 en los sistemas de vigilancia epidemiológica de la infección por VIH en España.

En el estudio, que puede consultarse en la web del Ministerio de Sanidad, se concluye que el 43,8 por ciento de los casos de VIH diagnosticados en 2020 se notificaron con un año de retraso, mientras que en los cuatro años anteriores ese porcentaje sólo era del 20 por ciento.

Además, entre marzo y abril de 2020, justo tras el estallido de la pandemia, hubo un descenso en el número de diagnósticos, con un retraso que siguió arrastrándose en 2021 y 2022. Frente a ello, se observó un incremento en las tasas de casos de VIH “de manera constante” entre 2016 y 2019, años entre los que sí que “se corrigen los casos por retraso en la notificación”. “Sin embargo, en 2020, en los meses de marzo, abril y mayo, el incremento resulta muy limitado”, se concreta en el documento.

En el análisis se apunta directamente a “la saturación de los servicios sanitarios y servicios de vigilancia epidemiológica durante los primeros meses de la pandemia” como principal causa de la disminución de nuevos diagnósticos, no sólo en España, sino en el resto de Europa y en Estados Unidos.

Además, se destaca que el impacto del coronavirus en el descenso en los nuevos diagnósticos de VIH no sólo tuvo su efecto en el funcionamiento de los sistemas sanitarios, sino que también actuó como “factor modificador de las conductas sexuales, debido al confinamiento, las restricciones de movilidad o el miedo al contagio de la Covid-19”.

Por último, se señala que “la mejora de la interoperabilidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica intra e intercomunitarios” podría favorecer “una respuesta más ágil y rápida que permita tener datos actualizados y conocer la situación epidemiológica en todo momento”.

Continuidad al Pacto Social por el VIH

España cuenta con un Pacto Social por la no Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, una iniciativa impulsada en 2018 desde el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, aún hay deberes pendientes al respecto. La Coordinadora estatal del VIH y sida (Cesida) -uno de los colectivos que contribuyó a la elaboración de aquel Pacto Social- ya reivindicó antes de las elecciones generales del 23J que todos los partidos que concurrieron a los comicios incluyeran en sus respectivos programas el “compromiso de dar continuidad a la implementación” del pacto.

En esa línea, la presidenta de Cesida, Reyes Velayos, solicitó abiertamente a Sanidad, en el congreso del colectivo celebrado a finales de octubre, la creación de la especialidad médica de Enfermedades Infecciosas, una petición compartida con sociedades médicas y organizaciones de pacientes.

El pasado 1 de diciembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, aprovechó su comparecencia en Bruselas para pedir a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) se unan a la alianza mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Onusida para eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH y poner fin al sida como un problema de salud pública para 2030.