Tomás Toranzo, Manuel Cascos y Carlos Rus.
Al inicio del mes de abril la
consejera de Salud de Castilla y León, Verónica Casado, proponía la puesta en marcha de pasaporte de inmunidad. Una medida que da ‘libre circulación’ a aquellas personas hayan dado positivos en la prueba de PCR y más tarde negativo y que el
Ministerio de Sanidad rechazó desde el minuto uno como una posible medida para hacer frente a la
epidemia del coronavirus Covid-19.
Ahora que España se encamina a la desescalada, varias son las voces que se muestran abiertas al uso de este tipo de sistemas, que no están mal vistos por los diferentes sectores que representan la sanidad española si bien es cierto que, a tenor de las consultas realizadas por
Redacción Médica, presentan dudas en lo que ha funcionamiento y utilidad se refiere.
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Y es que, mientras que organismos como la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) aprueban la medida, el
sindicado de Enfermería, Satse, o la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) apuestan por no acometer la medida y esperar a que la ciencia la avale.
Así las cosas, el presidente de la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, considera que el pasaporte serológico podría ser “una herramienta interesante para la gestión”. Sin embargo, advierte de que “hay un gran desconocimiento sobre la forma de actuar del virus, sobre la cantidad de anticuerpos que quedan en la persona y sobre si protegen”.
“Hay que saber si es un virus con carácter estacional o no, y cuánto dura la inmunidad en una persona”, sostiene Rus. “Sin ese conocimiento no tiene mucho sentido aplicar el pasaporte serológico. Hay que tener en cuenta que si se utiliza podemos crear
falsa seguridad y dar lugar a un problema mayor”, asevera.
En una misma línea se posiciona,
Tomás Toranzo, presidente de CESM, quien considera esta opción como una “herramienta útil” pero de la que habría que tener claros otros conceptos.
“Es decir -explica Toranzo-, tener identificadas a las personas inmunizadas es un punto a favor para organizar el control de la enfermedad, pero hay que tener en cuenta que se articule con garantías, empezando por definir
su carácter de obligatorio o voluntario. Además, habría que debatirlo por si choca con algún derecho individual en cuanto a protección de datos, confidencialidad, etc”.
De otro lado, aunque coincidiendo con ASPE y CESM en la necesidad de concretar conceptos está el sindicato de Enfermería. Satse contextualiza que ya que la comunidad científica internacional aún no ha llegado a un consenso ni conocimiento definitivo en todo lo que concierne a la
inmunidad a este grave virus, “nos parece un atrevimiento por parte de cualquier administración publica el implantar un carnet que supuestamente garantice que una persona ha superado el Covid-19”.
Satse indica que “no existen”, en modo alguno, las
"suficientes garantías” para que este carnet de inmunidad "cumpla los objetivos que supuestamente busca”. "Por ello, entendemos que no es una medida que, por el momento, se deba acometer”, finaliza el
presidente de Satse, Manuel Cascos.
Primeras iniciativas en el sector privado
Llegados a este punto, resulta necesario realizar la siguiente pregunta:
¿Qué son y cómo funcionan los pasaportes serológicos? Estamos ante una herramienta digital con el que identificar y resumir documentación bioquímica y resultados de pruebas serológicas como medida de control de la epidemia.
Desde el inicio del estado de alarma, muchas son las iniciativas orientadas a la creación de este tipo de 'carnet'. Un ejemplo de ellas es 'Inmunocard', creada por el estudio
Garaje de Ideas con orientación empresarial pero "disponible para ayudar a todas las instituciones públicas o privadas que quieran hacer uso de ella”, asegura Alberto Barrio, responsable de la compañía y que defiende la utilidad de este tipo de herramientas siempre y cuando se
garantice el consentimiento de los usuarios, además de la confidencialidad de los datos que aportan.
De este modo, el contenido de las pruebas serológica se subiría a una plataforma que genera la 'acreditación' de la inmunidad del usuario, facilitando con ello su movilidad o reincorporación al trabajo presencial.
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