Blanco: “La privada está para hacer negocio”

Cristina Mouriño / Imagen: Adrián Conde, Pablo Eguizábal y Miguel A. Escobar. Madrid
El sistema sanitario del Principado de Asturias tiene “un modelo dónde hay un ‘mix’ aceptable de colaboración público-privada pero sin ánimo de lucro”, según ha explicado su máximo responsable en una entrevista concedida a Redacción Médica. El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, entiende que “los sistemas privados no están para hacer altruismo sino para hacer negocio, y el negocio en la sanidad son beneficios empresariales”. Blanco ha analizado la “difícil situación de la sanidad” y ha explicado las medidas “críticas” que ha tenido que adoptar su departamento para hacer que el sistema siga siendo sostenible, público y universal.

El consejero de Sanidad del Principado de Asturias durante la entrevista.

Comenzamos esta entrevista haciendo alusión a varios asuntos jurídicos relacionados con la comunidad asturiana: la sentencia que anula la colegiación voluntaria de los profesionales sanitarios; otra que suspendía hace unos meses la exclusividad de los médicos y la más reciente que fallaba a favor del Sindicato Médico con respecto a la vulneración del derecho a huelga en los servicios mínimos en Urgencias de la convocada en 2009. ¿Qué valoración hace de estas decisiones?

Creo que enjuiciadas ya están. Son sentencias y por tanto son firmes, y lo único que queda es acatarlas y que se desarrollen. Lo que pensamos con respecto a la colegiación obligatoria es que hay muchas formulaciones en los distintos países. Sí es cierto que en la mayoría de ellos la colegiación existe y tiene un gran desarrollo como corporación profesional. Pero la voluntad que había detrás de esa legislación era que para aquellos profesionales que están vinculados estrictamente al sector público, es decir, que tienen dedicación exclusiva, la Administración puede ser un perfecto garante de la deontología, de la adecuación del supuesto para el desarrollo que se prevé; y por lo tanto iba en esa línea.

En cuanto a la exclusividad, es también una sentencia y por tanto hay que acatarla, pero tenemos un discurso que creo que es legítimo y fácilmente comprensible. No hay empresa del conocimiento en la que a profesionales de alta cualificación, que en este caso son los médicos, se les facilite o se permita en alguna medida compartirlos con la competencia o con el entorno profesional. Pensamos que eso es una práctica habitual en el mundo de la empresa.

Podemos imaginar cualquier empresa del conocimiento para entender que los profesionales son de dedicación exclusiva. Ahora tendremos que regular, establecer un mecanismo de renuncia y definir cómo se vinculan definitivamente los profesionales con el sistema. Es un tema en el que todavía nos quedan cosas por hacer y que queremos ordenar de forma adecuada.

Y con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo en torno a los derechos vulnerados en la huelga de Urgencias, no conozco cuáles fueron en ese momento los servicios mínimos. Parece ser que fueron del cien por cien. No tenemos más remedio que compartirlo pero también tenemos que decir que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dio la razón a la Administración. Creemos que es algo que dentro del marco jurídico es interpretable.

A mí me preocupan estas cosas, porque si un servicio de Urgencias puede tener servicios mínimos, entonces es que no se reconoce que es un servicio de Urgencias. Si es que en la Urgencia hay cosas que no son urgentes lo determinan los profesionales, no lo voy a determinar yo. Pero los  profesionales están en huelga y nosotros somos la empresa garante del servicio a los ciudadanos, por lo tanto, que para un servicio de Urgencias se plantee unos mínimos del cien por cien no me escandaliza por la responsabilidad que podemos tener con los ciudadanos. Y en todo caso, no creo que eso limite el derecho de huelga.

¿Y la Consejería contempla algún tipo de respuesta a estas sentencias?

En el caso que nos ocupa, está en el Supremo ya y creo que es la última instancia. Era un recurso de casación, por lo que veremos a ver si sienta o no jurisprudencia. En servicios de Urgencias debe primar el interés general sobre intereses corporativos, que son legítimos, pero sobre ellos tienen que primar los de los ciudadanos.

Hace unos días manifestaba su compromiso con el Hospital de Cangas de Narcea y señalaba que va a tener un papel fundamental en la reordenación del mapa sanitario, ¿en qué consiste esta reordenación? ¿Va a afectar a la Atención Primaria? ¿Se plantea reorganizar y agrupar servicios en Atención Especializada?

Nuestra apuesta por el Hospital de Cangas de Narcea no es un ejercicio que tengamos que hacer de reafirmación, porque ha sido una voluntad de la Administración del PSOE el que se crease este centro. Pensamos que en 1986, cuando se crea este hospital, había un mapa sanitario que desarrollar que respondía a los problemas de las comunicaciones físicas y en ese sentido cobraba importancia descentralizar servicios porque se tardaba mucho en llegar a la zona central, y eso era un problema de equidad.

Hoy día el paradigma ha cambiado. La planificación de los servicios está pensada por nuevos modelos de comunicación. Sin embargo, eso no quiere decir que se deslocalicen servicios, o que se hagan fuera del territorio donde están ubicados, porque nos parece muy importante el asentamiento de servicios de alto valor, como son los sanitarios, en el territorio al cual van a dar servicio.

No obstante, si pensamos en un hospital con el modelo anterior, encerrado en sí mismo, y aislado, probablemente estaríamos reduciendo la calidad y probablemente estaríamos renunciando a hacer hospitales atractivos a los profesionales. Pensamos que hoy día el modelo es el de las comunicaciones no solo físicas, sino virtuales, y lo que queremos es desarrollar hospitales en red, una sanidad en red. Por lo tanto, el Hospital de Cangas de Narcea va a seguir siendo hospital pero queremos que esté continuamente interactuando y adquiriendo conocimiento.

Entre Primaria y Especializada, planteamos lo mismo. Queremos una sanidad en red y queremos una organización horizontalizada y no jerárquica como la que hay en este momento. Todos son especialistas. Creemos que tenemos un sistema que debemos interrelacionar entre sí para garantizar la continuidad asistencial.

En materia de recursos humanos, la implantación de las 37,5 horas ha generado un conflicto que parece que ya se ha encauzado. En estos momentos de crisis económica, se habla de reorganización de plantillas, de prescindir de eventuales e interinos, ¿cuál es la política de la Consejería en este sentido?

Estamos en un momento de crisis económica muy importante y hay que tomar decisiones críticas. Nosotros teníamos un compromiso: queríamos hacer sostenible el sistema, que continuara siendo universal y mantuviera su cartera de servicios, y como elemento nuclear a todo ello, hacer políticas de personal donde el empleo fuese una parte importante de estas políticas. En este sentido, el capítulo uno de personal supone el 52 por ciento del presupuesto de la Consejería, por lo tanto no se entiende que pudiéramos hacer un ejercicio de contención del presupuesto si no atacásemos todas las áreas y esto supone reordenar el capítulo uno para hacerlo más eficiente y hacerlo sostenible. De no hacerlo así, lo que tendríamos sería pérdida de empleo.

Hemos dicho que lo que íbamos a garantizar era el empleo estructural. Una organización, si quiere ser eficiente, tiene que ser capaz de dar respuesta a las necesidades que tienen los ciudadanos con su capacidad estructural, es decir, con su plantilla. Esto podíamos hacerlo de dos formas: bajando salarios para mantener el empleo; o aprovechar instrumentos nuevos como la ampliación de jornada a las 37,5 horas, medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Esta capacidad nueva que teníamos pensamos que era razonable y era de responsabilidad si queríamos mantener empleo y salarios, aumentando el rendimiento y la productividad.

A nuestro parecer este mecanismo es más razonable, garantiza mejor el empleo y hace sostenible el sistema. Fue un conflicto muy serio pero al final creo que después de dos o tres meses de tensión hemos llegado a un buen acuerdo. A nosotros nos satisface, nos permite reconocer esa nueva capacidad instalada y se da ese servicio a los ciudadanos. Por otra parte, los profesionales han visto satisfechas parte de sus expectativas. Por lo tanto, el equilibrio es bueno y el acuerdo es muy bueno. Lo que nos corresponde ahora es desarrollarlo.

¿Y la situación de los interinos y personal eventual?

El empleo estructural es un compromiso que ya anuncié en mi primera comparecencia en la Junta General. Estamos en una situación de crisis, tenemos que hacer un enorme ajuste presupuestario y queremos mantener el empleo. Mantener el empleo no es un discurso vacío, debe tener iniciativas. Lo que hemos dicho es que mantenemos el empleo estructural, es decir, la plantilla, con sus titulares e interinos. Otra cosa son los eventuales estructurales que no son ni propietarios ni interinos. Son aquellas plazas que se han creado para nuevas necesidades y que no se han consolidado como de estructura. Estos eventuales también entran en nuestro compromiso de preservar el empleo pero contrataremos estrictamente los necesarios. Se trata de plantillas que se contratan para determinados servicios. Son contrataciones de entrada-salida y tendremos que recurrir menos a ellas.

¿La huelga y las protestas motivadas por el aumento de la jornada han tenido consecuencias que la Consejería haya podido evaluar, por ejemplo en lista de espera?

La situación de lista de espera que tenemos actualmente es motivada por el conflicto sanitario de los meses de octubre, noviembre y diciembre. En el mes de septiembre, antes de la huelga, teníamos menos lista de espera que en junio. Por lo tanto, en nuestra actividad diaria dentro de la organización ya habíamos contenido e incluso bajado algo la lista de espera. Pero cuando surge el conflicto, y lógicamente la actividad baja. De hecho, antes de acabar el conflicto ya habíamos puesto en marcha medidas para atemperar ese efecto. Y ahora mismo con nuestra capacidad instalada de generación de actividad estamos reduciendo la lista de espera. En el primer mes de 2013 ya hemos reducido en torno a un 9 por ciento. Nuestro compromiso es que a 30 de junio las listas de espera estén como en el mes de septiembre.

Queremos orientar el debate de la lista de espera en otro horizonte. Pensamos que la lista de espera en el sector público tiene que ser estructural y siempre tiene que haber un nivel de lista de espera que debe ser el que creamos razonable. Y para que la lista de espera esté siempre en parámetros razonables vamos a hacer dos cosas: vamos a legislar en torno a lo que sea actividad de lista de espera; y queremos que la lista de espera sea una cuestión estructural, no de oportunidad; más orientada hacia nuestras necesidades viendo lo que entra y lo que tiene que salir del sistema. Vamos a ordenar unos topes por especialidades, vamos a crear transparencia para que el ciudadano pueda ubicar dónde está esa lista de espera. En definitiva, vamos a hacer un sistema transparente de ordenación de la lista de espera. Pero me gustaría que esto también sirviera para acabar con el debate. Creo que la lista de espera es un arma muy arrojadiza.
Como contrapartida a esto están los modelos privados. En estos modelos no hay lista de espera o hay la que defina la organización porque hay otra práctica que limita el acceso.

¿Podría ser la concertación con los servicios privados una solución a la lista de espera? ¿O por cuestiones políticas o demográficas no se plantea su Consejería la colaboración con el ámbito privado?

No sé si atribuirlo a razones políticas. Creo que es más por razones de visión del modelo. Somos la comunidad autónoma donde tenemos, dentro de nuestro mapa sanitario, estructuras de prestación de servicios privados sin ánimo de lucro. Desde el año 83 hemos pensado que hay instituciones sin ánimo de lucro que pueden dar un buen servicio público y tienen además esa vocación de no lucro. Me refiero al Hospital de Jove o la Cruz Roja, por ejemplo.

Desde el año 83, por tanto, estamos diseñando lo que hoy se debate en algunos otros sitios sin crear confusión ni generar la idea de conflicto entre público y privado. Estamos en un modelo donde hay un ‘mix’ aceptable de público-privado, insisto, sin ánimo de lucro, y que nos produce una enorme satisfacción. Son hospitales muy eficientes que utilizamos de forma ordenada y no por oportunidad. En toda esa estructura y la propia que tenemos es donde vamos a hacer descansar la lista de espera. La lista de espera no es algo que sale del sistema para volver a entrar. Si puntualmente porque haya alguna circunstancia, por ejemplo un conflicto, hay que recurrir a alguna otra iniciativa, se estudiará. Pero en Asturias es algo excepcional. Los contratos con instituciones privadas con ánimo de lucro supone un número insignificante.

Otro de los escollos con los que se ha encontrado su departamento ha sido la asignación de las plazas de directores de gestión clínica del HUCA, cuyas convocatorias fueron anuladas por sentencia, ¿en qué situación se encuentra este proceso?

Como ve, hay muchas cosas que van determinadas por sentencia. Parece que hay una gestión paralela. Hay una legislación de lo que serían los cuadros intermedios para la adjudicación de las plazas de los jefes de Servicio y parece ser que los tribunales creen que el marco regulatorio es insuficiente. Nosotros hemos procedido, en primer lugar, a dar ejecución de sentencia, por eso hemos hecho el procedimiento de comunicar el cese en esas plazas y hemos nombrado en funciones porque tenemos que garantizar el servicio. Ahora estamos trabajando en una nueva regulación con el rango de decreto, que creemos que será suficiente. Entretanto no hay vacío de poder porque hemos dejado en funciones la estructura existente.

En alusión al nuevo Hospital Universitario Central nos gustaría que nos comentara cuándo va a ponerse en marcha. ¿Se plantea la Consejería desarrollar nuevas infraestructuras en esta legislatura teniendo en cuenta la situación actual?

En un momento de crisis como este creo que el Hospital Central de Asturias va a ser el único que se inaugure en este tiempo en España. Además vamos a inaugurar otro comarcal, también importante, que es el Álvarez Buylla en Mieres. El Central es un hospital muy avanzado tecnológicamente y lo vamos a inaugurar en 2014. Por lo tanto nosotros somos una administración que encaramos la crisis cumpliendo los presupuestos, manteniendo el empleo, ganando en eficiencia e inaugurando instalaciones que son muy importantes y esto es la demostración de que lo público es gestionable. Los servicios públicos esenciales como la sanidad se pueden gestionar desde lo público y se puede ser eficiente.

El Hospital Central de Asturias va a estar operativo a partir de enero de 2014. Es una obra complejísima, por lo que hemos creado una oficina específica para gestionar el cambio.

Ya pasando al ámbito nacional, tras la aprobación del RD 16/2012 la Consejería puso en marcha el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios en el que este colectivo puede registrarse y seguir recibiendo asistencia en los mismos términos que lo hacía antes de su aprobación. ¿Cómo está funcionando este programa?

La prueba de que el programa funciona es que no da ningún problema. En el primer Consejo Interterritorial al que asistí le trasladé a la ministra que un modelo de aseguramiento que fragmenta y que deja colectivos muy vulnerables fuera del sistema es algo que en este país no se debe permitir. No se debe permitir porque como reflexión se puede interpretar que hay vacíos. Teniendo en cuenta la carta de derechos de Europa o la de derechos humanos de Naciones Unidas parece que este decreto nos deja en una situación un poco desairada. En ese marco, lo que hicimos fue tratar de resolver ese problema.

Creo que hemos sido la comunidad autónoma que más rápidamente hemos puesto esto en marcha. En este sentido, no estamos teniendo grandes dificultades y encima no es oneroso para la Administración, porque son ciudadanos que son jóvenes. Solo el 1,7 por ciento de esa población tiene más de 65 años. No son gasto ni constituyen un elemento que desestructure el presupuesto.

La política farmacéutica que el Ministerio ha puesto en marcha ha generado también mucha controversia. La situación de la farmacia es muy delicada. ¿Es esta política una de las prioridades de la Consejería? ¿Cómo piensan continuar con esa adecuación del gasto farmacéutico?

Evidentemente ese capítulo también se agota. Creo que había que tomar medidas en el capítulo de farmacia para resolver un problema, es decir, para promover un uso racional y adecuado.

En este sentido, se ha optado por un modelo de copago donde fundamentalmente los más enfermos, más vulnerables y los que más consumen son en su mayoría de un grupo social, que son los mayores de 65 años, y por tanto, los más humildes. Creo que es un impuesto a la enfermedad y por tanto no me produce ninguna satisfacción ese modelo. Caben otros modelos pero sobre todo hay que trabajar en el uso racional, adecuado y seguro del medicamento, y haremos ahí todo el esfuerzo.

En relación a la prestación farmacéutica hospitalaria, cada vez aparecen nuevas moléculas vinculadas incluso a modelos personalizados de tratamiento y esos sí que son extremadamente caros. Ahí sí que tenemos que tener una política muy activa y tiene que ser una política de cooperación entre comunidades autónomas. No se entiende que una comunidad actúe de forma aislada. Y este papel es el que tenemos que jugar en el Consejo Interterritorial, el de diseñar cómo vamos a ir incorporando esa prestación al sistema para que no haya inequidad.

El consejero asturiano responde a las preguntas de Ricardo López, director general de Sanitaria 2000; y Cristina Mouriño, coordinadora de Comunidades Autónomas de Redacción Médica.

Desde diversos ámbitos de la sanidad se habla de esa inequidad entre comunidades autónomas en cuanto a los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Incluso en comunidades grandes se habla de diferencias dentro de la propia comunidad. ¿Se tiene esa sensación desde Asturias?

No tengo los datos pero sí da la sensación de que tal y cómo evoluciona el modelo va a producir inequidad. En esto hay probablemente un componente ideológico. Bajo nuestra visión desde un partido de izquierda, entendemos un modelo de prestar el servicio a los ciudadanos. En todo caso debemos estar preocupados por los efectos que producen nuestras políticas. Creemos que resuelve mejor las necesidades globales de nuestros ciudadanos nuestro modelo.

Consideramos que en el modelo de colaboración público-privada se produce una selección de riesgo. Los sistemas privados, como bien decía un directivo de Capio, no están para hacer altruismo, están para hacer negocio. Si están para hacer negocio, el negocio en la sanidad es beneficio empresarial.

Creemos en definitiva que sí se pueden producir diferencias. Debemos tener una estructura que permita que todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, tengan acceso a la cartera de servicios en condiciones de igualdad. Por eso con nuestro modelo, que apuesta por la sanidad en red, queremos hacer que fluya más la información y por tanto la competencia profesional y la calidad de los servicios. Si hay algún ‘gap’ de inequidad pensamos que esto va a suplirlo.

Hacía referencia al Consejo Interterritorial y ya ha vivido unos cuantos. ¿Cómo se ve desde dentro el funcionamiento de este órgano? ¿Es un instrumento eficaz?

Conocí el Consejo en dos etapas. Lo conocí en los primeros noventa porque aunque por entonces no era consejero, se dio una oportunidad peculiar ya que el que entonces lo era iba a ser candidato y no podía proceder. Por lo tanto, tuve la oportunidad de conocer aquello y esto. Creo que el Consejo Interterritorial tiene que ser puesto en valor porque es el ámbito del encuentro y donde se vienen a consensuar las políticas sectoriales sanitarias.

En este momento, ese modelo tiene una deriva en la cual se reproduce el esquema partidario mimético que se produce en la Cámara. Parece que es una segunda cámara y a veces hasta una primera. Hay muy poco trabajo institucional, que es diferente. Tenemos una responsabilidad institucional y debemos trabajar más en ella y en la búsqueda de encuentros. Creo que hay marcos básicos que deberíamos preservar y tener la oportunidad de generar consensos, no mayorías. Tenemos un problema de generación de consensos básicos. Esto es un déficit que el Consejo debería rectificar.

En otra época había mayorías también. Recuerdo debates terribles donde incluso los de un signo entre ellos no se ponían de acuerdo, pero esto enriquecía porque al haber ese debate se obligaba, en alguna medida, a consensuar. Ahora la disciplina de voto es total. No he visto discrepancia interna pero sí ruidos en los pasillos porque hay insatisfacciones. Yo no veo homogeneidad en el sentido de ‘corpus’, pero dentro es total.

¿Tiene la sensación de que va como oposición?

Sí. Realmente se produce. No es un problema de maniqueo, de buenos ni malos. Todos somos mestizos. Cuando uno tiene mayorías tiene que mostrar ese talante. Ante una mayoría muy mecánica y en torno a unos temas muy madurados, existe controversia y oposición. Corresponde a una mayoría muy mecánica el abrir un poco más el espacio y generar más consenso, que creo que ahora mismo es un déficit muy llamativo.

Nos gustaría que nos hiciera una valoración del equipo ministerial y de su labor en este año y poco que lleva al frente del departamento.

No puedo decir que me sienta plenamente satisfecho con lo que ha pasado hasta ahora. Pero no voy a entrar a juzgar a la ministra por lo que comentaba antes de nuestra responsabilidad institucional. Eso corresponde a su partido. El juicio a su legislatura se lo van a hacer, seguramente.

Yo ahora mismo lo que le pediría sería talante, más consenso y más generación de espacios. La ministra tiene, en este sentido, una figura muy desdibujada.

El Ministerio se está planteando reorganizar la cartera de servicios e intentar agrupar incluso servicios hospitalarios para que haya cierta racionalidad. Llegado el caso, ¿en su comunidad se podrían trasladar estas medidas?

La organización sanitaria tiene un plano territorial y uno poblacional, pero no es el único. Por lo tanto, en Asturias no excluyo ninguno de los servicios que tenemos allí desarrollados porque creo que tenemos una cartera razonable para ese millón de población.

Por otro lado, consideramos que existe un problema porque los que gestionan la sanidad somos las comunidades autónomas y sin embargo nos vemos ajenos a espacios como el Foro de la Profesión donde se toman decisiones. Tenemos poco protagonismo o casi ninguno y creemos que eso tiene que ser más dialogado. La falta de representatividad en este foro es palmaria.