Redacción. Madrid
El Partido Popular ha rechazado, en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, aumentar el salario de los funcionarios el año que viene, tal y como habían solicitado el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD, y también ha descartado elevar la tasa de reposición o devolver a los trabajadores públicos la totalidad de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012.
Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.
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Durante la primera jornada de debate y votación de las enmiendas de los grupos de la oposición al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, los populares han defendido la necesidad de mantener congeladas las retribuciones de los trabajadores de la Función Pública aunque han destacado la decisión del Ministerio de Hacienda de devolverles una cuarta parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
Sin embargo, desde la oposición se ha recordado que esa medida no se deriva de una decisión del Ejecutivo sino de varias sentencias judiciales que le obligan a aportar a las nóminas públicas la parte de esa paga derivada de los días que ya habían generado derecho antes de aprobarse la supresión de 2012.
Recuperar la paga ‘extra’
Además, diferentes formaciones han reclamado incrementar los sueldos públicos como vía de reactivar el consumo interno y, así, impulsar la recuperación económica. En concreto, UPyD exigía una revalorización del uno por ciento y el PSOE del 1,5 por ciento, mientras que la Izquierda Plural ha elevado ese porcentaje hasta el 2,6 por ciento para que los funcionarios recuperen la capacidad de compra perdida en los últimos años.
Los tres grupos, así como CiU y el Bloque Nacionalista Galego, exigían además recuperar la totalidad de la ‘extra’, si bien la formación magenta precisaba que esa devolución debía realizarse mediante una cuarta paga extraordinaria a pagar en abril y también pedía recuperar las aportaciones a planes de pensiones del personal funcionario.
Por su parte, la coalición de izquierdas planteaba también un nuevo sistema de paga compensatoria en función del IPC para adaptar los sueldos públicos a la evolución de la inflación; mientras que el BNG proponía permitir a cada administración pública decidir el incremento salarial de sus trabajadores libremente.
Tasa de reposición
En cuanto a la tasa de reposición, que según consta en el proyecto de ley se eleva del 10 al 50 por ciento en servicios esenciales, como la sanidad o la lucha contra el fraude, se mantendrá en términos generales del cero por ciento un año más.
Algo que la oposición critica y que ha llevado a varias formaciones a presentar enmiendas -todas rechazadas por la mayoría absoluta del PP- para incrementar esa cifra. En concreto, el PSOE pedía un 30 por ciento de reposición general, que llegara al 100 por ciento en servicios como la educación, la sanidad, la policía, las Fuerzas Armadas o la Agencia Tributaria, entre otros.
IU-ICV-CHA, por su parte, pedía llegar hasta el 100 por ciento con carácter general en los servicios públicos esenciales, lo mismo que UPyD, que además reclama una ley para regular las retribuciones de los cargos políticos electos y equiparar los salarios de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil a lo que cobran los cuerpos policiales autonómicos.
Por su parte, el BNG exigía también un 100 por ciento de reposición de las bajas en varios sectores, incluido el Servicio Público de Empleo, los servicios sociales o la dependencia; así como eliminar todas las restricciones a la contratación de personal temporal por parte de las administraciones públicas.
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