Frente autonómico contra la reforma del aborto

Redacción. Sevilla
Andalucía, Asturias, Canarias, País Vasco y Cataluña han exigido al Gobierno que retire el anteproyecto de reforma de la ley del aborto al entender que el texto propuesto vulnera la capacidad de decisión de las mujeres, supone un riesgo para su salud sexual y reproductiva y abre la puerta a la inseguridad jurídica de la que ya fueron víctimas los profesionales sanitarios.

María José Sánchez Rubio, Faustino Blanco, Brígida Mendoza, Jon Darpón y Boi Ruiz, consejeros de Andalucía, Asturias, Canarias, País Vasco y Cataluña respectivamente.

Esta petición se realiza después de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no haya incluido en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada este lunes, esta reforma a pesar de que estas cinco comunidades lo habían solicitado con antelación al considerar que se trata de una medida que afecta “claramente” a los derechos de las mujeres.

Antes de la reunión de la Conferencia Sectorial, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Silvia Oñate, ha reiterado que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo actual es una ley “garantista y progresista” que apuesta por los derechos y las libertades de las mujeres, garantizando siempre la adecuada asistencia a la mujer antes y después de la intervención. Por el contrario, “la reforma planteada únicamente responde a la demanda ideológica de sectores minoritarios ultraconservadores y no a ninguna demanda social”, ha advertido.

Para la responsable del IAM, “la actitud del Ministerio obviando la inclusión de este punto en el orden del día de la Conferencia de Igualdad supone un claro déficit de voluntad de diálogo”. Para Oñate, el cambio de esta normativa para volver a un sistema de supuestos supone “un ataque y una regresión en la libertad de las mujeres y no reducirá el número de abortos, sino que contribuirá a que florezcan métodos clandestinos de interrupción voluntaria del embarazo que pondrán en peligro la salud de las mujeres”.

Con la actual Ley, se han reducido los embarazos no deseados en un 5,04 por ciento, si se comparan los datos de 2012 con los del año anterior. Por su parte, con el nuevo texto que plantea el Gobierno central, más del 91 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo que se hacen en España deberían dejar de producirse en el país, según un informe de la Junta de Andalucía. Esto supone que se realizarían fuera de España o se harían de forma insegura, por lo que dejaría muy desprotegidas a las mujeres más vulnerables.

El anteproyecto tampoco establece regulación sobre la estrategia de salud sexual y reproductiva y, por tanto, la educación en este ámbito que es fundamental para evitar embarazos no deseados y prevenir prácticas de riesgo.

ENLACES RELACIONADOS:

---

La reforma divide al Consejo antes de su inicio (11/06/214)