Notables déficits en la salud mental penitenciaria

Redacción. Madrid
La Comisión de Transversalidad de la Estrategia Estatal de Salud Mental y la Subcomisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han elaborado un documento de consenso sobre el tratamiento del enfermo mental en régimen penitenciario, al que ha tenido acceso Redacción Médica. Escasez de recursos sociosanitarios y protocolos así como falta de coordinación entre administraciones, se encuentran entre los déficits más acentuados.

Manuel Gómez Beneyto, coordinador científico de la Estrategia de Salud Mental.

El ‘Documento de consenso de las comisiones de análisis de casos de personas con enfermedad mental sometidas a penas y medidas de seguridad’ distingue tres etapas diferenciadas en la asistencia a estos pacientes. En la fase inicial, identificada como ‘anterior a la sentencia’, los expertos denuncian claramente la falta de “garantías” de que el afectado “sea identificado” como tal al entrar en contacto con el sistema judicial. Aquí se incide en “la escasez de “recursos sociosanitarios” en su ámbito cotidiano que dificultan aspectos como el control ambulatorio previo o la conciencia de la enfermedad por parte del individuo, por lo que “la evaluación de riesgo” no puede realizarse adecuadamente.

En la segunda fase, ‘condena a medida de seguridad’, de nuevo se insiste en la escasez de recursos de diagnóstico y seguimiento, a la par que en la falta de protocolos que coordinen la  relación entre los órganos judiciales y las redes sanitaria y social. Y una vez que la condena se ha ejecutado, se evidencia la necesidad de un equipo multidisciplinar que atienda a los internos con trastorno mental grave, así como de la implantación de programas terapéuticos para patologías duales.

Cuando el enfermo mental cumple su condena y vuelve a integrarse en la sociedad, las críticas de los expertos se endurecen más si cabe. Los “mecanismos adecuados” que faciliten esta reinserción social adecuadamente brillan por su ausencia al no existir “un entendimiento”, reza el documento, entre administraciones involucradas en el proceso (justicia, social, sanitaria, penitenciaria…). También se denuncia la ausencia de un protocolo “adecuado” para el seguimiento del individuo una vez que abandona el régimen penitenciario, con el fin de evaluar circunstancias como “el ajuste del tratamiento”, pilar fundamental según los expertos, “para evitar la reincidencia o recaída”. Una de los fallos de esta desatención comienza, como recoge el documento, en momentos previos al fin de la condena, donde “no hay una suficiente aplicación de actuaciones de reinserción enfocadas a la  normalización funcional y social”, especialmente en los casos de trastorno mental grave.

Perfil de afectados

Número de enfermos internados por CCAA. Estrategia Estatal.

Datado en diciembre de 2012, el texto recoge además datos de un estudio epidemiológico realizado entre 263 enfermos ingresados desde 2009 a 2010 en instituciones penitenciarias. La muestra refleja que Andalucía es la comunidad autónoma que registra más casos (62,5% del total). En cuanto al perfil, se revela que la mayoría son internados judiciales (87,5%), con edad que oscila entre los 31 y los 50 años, en su mayoría con trastorno mental grave (76,8 por ciento) y con el homicidio como causa de su encarcelamiento. El análisis asistencial demuestra una de las premisas del documento, y es que en el 78 por ciento de casos no constó un control ambulatorio de la patología mental previo al delito.

Profesionales más formados e implicados

También en el marco de la Estrategia Estatal de Salud Mental, el comité de evaluación de la misma ha elaborado unas pautas para llamar la atención sobre la importancia de la formación de los profesionales (sanitarios y no sanitarios) involucrados en la atención a estas patologías. Así, se resalta la relevancia de contar con la “formación y cualificación de los recursos humanos” en el ámbito de la Atención Primaria (médicos y enfermeros). A los profesionales y ‘gestores de la salud mental’ se les insta a primar valores “de efectividad y eficiencia en el trabajo clínico-asistencial”, mientras que a las sociedades científicas y profesionales (primaria, salud pública) se les llama a “implicar e implicarse en el debate”.