Cristina Mouriño. Madrid
El abordaje de las agresiones a profesionales sanitarios es una prioridad común a todas las autonomías, sin embargo, se aprecia cierta disparidad entre comunidades a la hora de hacerles frente. Algunas consideran prioritario el establecimiento de medidas coercitivas que sancionen a los agresores y la unificación en todo el territorio de la consideración de la agresión como un atentado a una autoridad pública.
José Alberto Becerra, José Luis Díaz Villarig y Emilio García de la Torre.
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Sin embargo, otras creen que “aunque estas medidas son necesarias, no son la solución”. Así lo ha apuntado José Luis Díaz Villarig, presidente del Consejo de Médicos de Castilla y León. A su juicio la solución pasa por “educar a la sociedad en el respeto al profesional sanitario”.
En este sentido también se ha manifestado el coordinador del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC). José Alberto Becerra ha señalado a Redacción Médica que “lo fundamental es promover una adecuada relación médico-paciente”. “Esto es lo que fortalece la sanidad”. Asimismo considera necesario que “el acto médico unifique a cualquier médico, ejerza donde ejerza y que las agresiones, tanto en la privada como en la pública, se consideren un delito de atentado contra una autoridad pública”. Además, ve prioritario “unificar los criterios de las magistraturas y las fiscalías”.
Por otro lado, la falta de implicación de la Administración y la dificultad para que las comunidades autónomas lleguen a un acuerdo para poner en marcha el Observatorio Nacional de Agresiones en el que ya trabaja el Ministerio de Sanidad, son los principales inconvenientes que se vislumbran desde los colegios de médicos para fraguar este proyecto. En algunos casos, reconocen que la situación de crisis económica ha propiciado que se reduzcan las medidas de seguridad en algunos centros.
Isabel Montoya.
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El Colegio de Médicos de Murcia ha sido uno de los abanderados en este asunto tras el fallecimiento de la médica María Eugenia M.M en el centro de salud de Moratalla. Su presidenta, Isabel Montoya, ha destacado en una entrevista con Redacción Médica que “la crisis económica ha dado lugar a que la Administración reduzca algunas medidas de seguridad que se habían puesto en marcha en los centros sanitarios como los botones antipánico o los vigilantes de seguridad”. A su juicio, se hace necesaria una mayor colaboración entre las instituciones y considera que “cualquier iniciativa que sume es buena”. En este sentido, ha reconocido que la existencia de un foro estatal de agresiones, diferenciado del Observatorio de la Organización Médica Colegial (OMC) y puesto en marcha a instancias de la Administración “no generaría una duplicidad de competencias, todo lo contrario, ayudaría a suplir las carencias que tenemos en estos momentos”.
Entre estas carencias el coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC ha destacado la falta de datos de las que se producen en la sanidad privada. José Alberto Becerra ha subrayado que “la colaboración entre instituciones es importantísima” y coincide en que la existencia de estos dos foros no supondrá su solapamiento. Becerra ha recordado que el ministerio “ha recogido punto por punto nuestras observaciones” y espera que no quede “solo en una declaración de intenciones”. Ha incidido en que es necesario disponer de este dato pero reconoce que “es difícil ya que tienen que ponerse de acuerdo las 17 autonomías y veo complicado que alcancen un consenso cuando no se ponen de acuerdo en temas más sencillos como la tarjeta sanitaria individual”.
Preguntado sobre si se han producido, a nivel estatal, recortes en lo relativo a las medidas de seguridad, ha asegurado que “no ha sido así”. A su juicio estas medidas son necesarias pero no pueden ser la solución. “Si a diario se realizan más de un millón de actos médicos, ¿deberíamos poner un millón de botones antipánico? Evidentemente, no”.
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos rechaza que se haya bajado la guardia en este sentido. Su secretario general, Emilio García de la Torre, ha subrayado a Redacción Médica, que en el caso de Andalucía ha sido todo lo contrario. “Se han incrementado las medidas”, ha añadido. “Desde que cambió la titular de la Consejería de Salud ha habido muy buenas relaciones y estamos trabajando de forma conjunta con la Administración para seguir avanzando en este sentido”, ha explicado. “No hemos recibido ninguna queja sobre la reducción de medidas”, ha concluido.
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