"Singularidad" sanitaria en una reforma fiscal alejada de "nacionalismos"

Tradicionalmente, las desigualdades de financiación entre las comunidades autónomas españolas se han tratado de corregir mediante un “concepto de población ajustada” que, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), “captura diferencias” en factores relevantes, especialmente los que atañen a la sanidad y los servicios sociales. El modelo no está exento de defectos y su reforma parece “ineludible”, concede el investigador Javier Suárez, quien sin embargo matiza que el debate ha de focalizarse no sobre la supuesta salida de Cataluña del régimen común por su supuesta infradotación (la cual niega), sino sobre la necesidad de fomentar una redistribución equitativa y homogénea que, de nuevo, vuelva a priorizar la salud y demás servicios públicos esenciales.

En su reflexión sobre la propuesta de financiación singular para Cataluña acordada por ERC y PSC, que implicaría una gestión completa de impuestos como IRPF y sociedades por parte de la Generalitat, este catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo subraya la delicadeza que pueda tener la reforma del modelo de financiación autonómica en un país tan descentralizado como España, donde son las comunidades las que gestionan recursos como la sanidad y los servicios sociales. “Ello requiere, de entrada, consensuar una serie de principios básicos sobre los que fundamentar todo el entramado financiero, entre los que, sobre el papel, parece haber acuerdo en destacar los de equidad, eficiencia, autonomía, transparencia y lealtad institucional”, apunta.

En palabras de Suárez, el modelo vigente de financiación, con todos sus defectos, “ya trata de incorporar al mismo las diferencias en necesidad de gasto” al ajustar la población “distribuyéndola en siete categorías de edad con ponderaciones diferenciadas” para tratar de aproximar las necesidades de educación, sanidad y servicios sociales desde el lado de la demanda, además de otras variables como superficie, insularidad o dispersión.

Más recursos para las comunidades más 'ricas'

“Es decir, nuestro denostado modelo concibe ya ‘singularidades’, aun cuando siempre es posible discutir el rango de las mismas, el número y calidad de las variables relevantes y los coeficientes de ponderación que se consensuen como más adecuados -sostiene-. Sin embargo, la ‘ordinalidad’ invocada en el acuerdo ni siquiera tiene en cuenta la población ajustada puesto que sólo apela a la capacidad fiscal”, añade.

En este sentido, destaca que con el modelo actual “uno esperaría, con el paso del tiempo, que la ‘cuota de solidaridad’ tienda a cero, como sucede actualmente con las forales”, más allá de que se pretenda reducir esa cuota sobre la base de una “infrafinanciación de Cataluña”. Una premisa “falsa”, argumenta, que se asume desde la “retórica nacionalista" de la situación y que se basa en ese principio de ‘ordinalidad’ “mal entendido” que viene a sugerir que las regiones más ricas “deberían seguir teniendo más recursos per cápita incluso después de la redistribución”.

“A mi juicio […], creo que la dirección debería ser la contraria: mantener a Cataluña en el régimen común y recalcular el cupo para incluir los fondos de nivelación y hacer a ambos sistemas financieramente equivalentes, discutiendo, hasta donde se quiera llevar la discusión, el alcance de la capacidad normativa cedida para la constitución de espacios fiscales propios y la estimación de los indicadores de necesidad que se consideren más adecuados para hacer efectivo el principio de solidaridad”.

"Mal negocio" para la igualdad entre españoles

Resume Suárez que la propuesta de financiación singular catalana podría “dificultar” una redistribución equitativa de recursos que garantizan servicios públicos homogéneos como la sanidad.

“Limitar la ‘solidaridad’ por un, a mi juicio, mal entendido principio de ordinalidad con base en la capacidad fiscal, al tiempo que se pretende limitar la discrecionalidad del Estado a la hora de asignar territorialmente inversiones (como se quiso hacer en los estatutos de autonomía de segunda generación) y dejar además la 'llave de la caja' a las comunidades autónomas extendiendo el sistema de conciertos es sin duda un mal negocio para la igualdad entre los españoles y tiende a perpetuar ‘ad eternum’ el ranking vigente entre las comunidades".