"La investigación pública sanitaria no debe tener tasa de reposición"

La reforma laboral y la modificación de la Ley de Ciencia serán las encargadas de fijar el horizonte laboral de decenas de investigadores hospitalarios en nuestro país. Hasta el momento los cambios avecinados han producido más dudas que certezas entre los profesionales dedicados a este sector, que ven necesaria la eliminación de ciertas trabas para conseguir la estabilidad que promete la nueva legislación en materia de empleo como la supresión de la tasa de reposición o una mejor gestión de los fondos. 

El colectivo celebra la contratación fija que impondrá la reforma a la hora de crear más plazas estatutarias, pero ven un "gran problema" en que se mantenga la tasa de reposición, la cual "continúa prohibiendo la incorporación de personal indefinido", sostiene Antonio Martínez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH). 

El anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de la Ciencia, propone crear un nuevo tipo de contrato indefinido para actividades de investigación, que estaría excluido de la oferta de empleo público y no necesitaría autorización previa. 

Lo que no deja claro el texto publicado por el ministerio de Diana Morant es "si eso los exime automáticamente de la tasa de reposición", aclara este científico del Instituto de Investigación Sanitaria La Princesa. "Nosotros pedimos que toda la investigación pública quede exenta".

Su eliminación en la investigación pública, explica, permitiría "dimensionar adecuadamente las plantillas que se necesitan en la parte sanitaria de este sector". Piden además que se haga "con carácter urgente para no parar las contrataciones laborales que se tienen que hacer en las líneas de investigación que están en marcha". 

Y es que, a partir de abril no estarán permitidos los contratos temporales aunque la modificación de la Ley de Ciencia no entrará en vigor hasta junio. No obstante, ya el 31 de diciembre, se dio la orden de paralizar todas las contrataciones programadas para comienzos del 2022 "porque nadie sabbía lo que había que hacer", según cuenta a Redacción Médica Rafael Vázquez, vocal de la junta directiva de ANIH desde su experiencia como investigador del Instituto La Fe.  

Problemas con la financiación privada

Después de varias reuniones, las fundaciones llegaron a la conclusión de que, siempre que las investigaciones sean financiadas "total o parcialmente por fondos europeos", podrán mantener las condiciones establecidas de forma previa a la reforma laboral y a la nueva redacción de la Ley de Ciencia. La dificultad llega cuando los proyectos son subvencionados con fondos privados, como por ejemplo "a través de la Asociación Española contra el Cáncer" o "con el dinero que ponen las empresas farmacéuticas, como Roche o Pfizer, para hacer ensayos clínicos", detalla Vázquez. 

El reto, explica, es encajar las nuevas condiciones de contratación fija que impone la ley en estos supuestos dado el tiempo de duración del proyecto. Vázquez menciona el caso concreto de una técnico contratada con fondos de la fundación Areces y que haría "tendría que ser despedida a los 6 meses". "Si el dinero que tengo es para 3 años, ¿cómo le hago un contrato fijo?", plantea, convencido de que "hay mucha urgencia y nadie sabe lo que va a pasar en la práctica". 

Vázquez espera que el ministerio tenga prevista esta casuaística y desarrolle proyectos "en los que tenga presupuestos para contratos indefinidos y una mochila de dinero que permita indemnizar un despido por los años trabajados". 

Fomento de la movilidad de investigadores sin perder estabilidad 

En su opinión, el nuevo marco laboral, aprobado en Consejo de Ministros, "entraría en conflicto con la propia naturaleza de la Ciencia que requiere a veces que haya mucha movilidad entre puestos, incluso al extranjero, no quedarte estancado siempre en la misma institución". Por tanto, en la práctica, un contrato indefinido a un predoctoral, en plena elaboración de la tesis, podría suponer un freno a su movilidad a otros países "donde este campo está más desarrollado", y no "vería otras formas de trabajar ni aprendería otras tecnologías", detalla este investigador, temeroso de que la nueva ley de Yolanda Díaz acabe por "favorecer la endogamia". 

Por tanto, en opinión de Vázquez lo ideal sería conseguir una situación intermedia que diera pie a la creación de contratos indefinidos pero que, a su vez, permitiera "mucha facilidad para cambiar de posición", promovida por las instituciones, y siempre facilitando la estabilidad y pudiendo optar a un puesto fijo en otro organismo. De momento, ANIH tiene previsto remitir una batería de mejoras y al borrador del anteproyecto de la Ley de Ciencia antes de que finalice el plazo previsto por el ministerio. "Nos gustaría que Yotti aceptará los cambios que le vamos a proponer". 

En cualquier caso, "el sector de la investigación hospitalaria está peor que cualquiera", añade Vázquez. Señala, en concreto, el obstáculo que supone que sean las fundaciones y no el Sistema Nacional de Salud quienes gestionen las contrataciones del personal investigador. "Son públicas y privadas para lo malo", explica, ya que su regulación les permite "hacer y deshacer con absoluta voluntad" lo que redunda en diferencias salariales para un mismo puesto de trabajo. 

"Pensamos que están muy bien para coordinar el dinero destinado a investigación, como la financiación privada o los fondos europeos, pero cuando gestionan contratos de trabajo la arbitariedad era y es sangrante". Por ello, proponen que se les considere como personal estatutario, dada su implicación en la infraestructura hospitalaria y su trabajo "codo con codo" con los médicos para que los hallazgos realizados en el laboratorio tengan aplicación en el paciente. 

La temporalidad ha sido además un problema endémico en este sector "durante años" alcanzado incluso el 96 por ciento en instituciones como la de Vázquez. Todo el mundo contratado por la Fundación del Instituto La Fe estaba "contratada por obra y servicio", la mayoría, explica, "de forma fraudulenta" al tratarse de "puestos estructurales". Esto ha dado lugar a al menos cien demandas que esperan ser resueltas en los próximos meses.