Carlos Rus, presidente de ASPE.
El
presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE),
Carlos Rus, ha intervenido este lunes en la
Comisión de Reconstrucción Económica y Social con un mensaje tajante: "La intención de nuestras propuestas económicas
es una cuestión de justicia social, no 'sacar tajada'".
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El presidente de la patronal de la
sanidad privada ha puesto en valor la acción del sector en la lucha contra el
coronavirus poniendo sobre la mesa un estudio de ASPE que apunta que
se atendió al 16 por ciento (19.289) de todos los
ingresos de pacientes diagnosticados o con sospecha de Covid-19, y al
14 por ciento (1.536) de los ingresos en UCI.
Por el contrario, Rus ha explicado con algunos datos el impacto económico que ha tenido la pandemia en la sanidad privada: "Las
inversiones realizadas en los hospitales privados contra el Covid-19 ascienden a 13,5 millones de euros y se han tenido que cancelar o paralizar inversiones por un valor estimado de 36,2 millones de euros".
ASPE también ha manifestado el gasto que ha supuesto la adquisición de productos sanitarios en un mercado altamente especulativo: "El caso más extremo es el de las mascarillas quirúrgicas,
cuyo precio se ha incrementado un 1.423 por ciento con respecto al precio existente en diciembre de 2019. Solo las compras realizadas en los meses de abril y mayo en equipos de protección y respiradores suponen un incremento respecto a todo el 2019 del
71 por ciento en importe".
Riesgo de quiebra asistencial y financiera
Carlos Rus: "Ayudar a la sanidad privada es justicia social, no 'sacar tajada'"
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"El sector se ha encontrado con un
riesgo evidente de quiebra asistencial y financiera, no solo para pequeñas clínicas sino también para grandes hospitales. Por tanto,
afrontamos una contingencia de enorme calado en el momento de mayor necesidad de atención sanitaria del país en el caso de un rebrote pandémico", ha aseverado Rus.
En este punto, ha indicado que las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno de las que pudiera beneficiarse el sector sanitario privado
"resultan del todo insuficientes". Rus ha pedido que el "el sector sea considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijará el Real Decreto del
fondo autonómico sanitario de
10.000 millones de euros que el Gobierno ha anunciado hace semanas que pondrá en marcha".
"La intención de nuestras propuestas económicas es una cuestión de justicia social,
no ¨sacar tajada¨ de esta situación, sino sencillamente minimizar pérdidas, que se compensen los gastos de los centros tanto por la atención de pacientes derivados por las autoridades sanitarias como por la puesta a disposición de recursos, ya que no se nos permitió adecuarnos a las necesidades asistenciales y ambos conceptos
se encuentran necesariamente incluidos en nuestras propuestas al Gobierno", ha indicado.
A nivel fiscal, ha insistido en la necesidad de establecer de forma estable un
IVA superreducido sobre las compras de equipos y suministros sanitarios.
Paquete de medidas en caso de rebrote
De producirse un
posible rebrote, el presidente de ASPE ha defendido que se tome un decálogo de medidas:
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Establecimiento de una mesa de coordinación nacional y otra en cada autonomía con representantes del ámbito privado,
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Establecer modelos de participación de la sanidad privada, en base a la situación de cada territorio, implantando medidas diferenciadas en base a esta división territorial.
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Que se establezca una correlación de servicio directa en la atención y seguimiento médico entre los centros sanitarios privados y las residencias de mayores y centros sociosanitarios de su entorno.
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Incluir a los centros sanitarios privados en los planes de abastecimiento de medicamentos, equipos de protección y todos aquellos recursos necesarios en la atención a pacientes Covid; así como el acceso a las plataformas de compras públicas.
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Homogenizar y coordinar la gobernanza y la normativa a aplicar por parte de las Autoridades Sanitarias de las distintas CCAA.
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Que dicha normativa recoja de manera generalizada los procesos y pruebas a realizar de detección y diagnóstico Covid previos a procedimientos quirúrgicos y hospitalizaciones.
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Establecer la obligatoriedad de las mutuas de seguros laborales de cubrir los exámenes y pruebas necesarias para la reincorporación de los profesionales afectos por el Covid-19.
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En cuanto a la regulación de los precios de servicio de la sanidad privada en una situación pandémica similar, establecimiento de un canon por puesta a disposición de plaza hospitalaria, de plaza en UCI y designación de obligado al pago.
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Revisar y precisar con claridad la consideración de centros sanitarios no esenciales que permitan establecer en circunstancias parejas medidas de reorganización laboral entre aquellos que su funcionamiento no sea vital para la atención asistencial de estos pacientes, atendiendo a la afectación de cada zona y especialmente a los centros sin internamiento.
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Realización de campañas de concienciación para que los pacientes necesitados de atención sanitaria urgente no dejen de acudir a sus centros médicos.
Reforma global del sistema sanitario
El presidente de la patronal de la sanidad privada ha expuesto también una serie de
medidas para reformar el sistema sanitario español:
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Desarrollar criterios de eficiencia en la gestión.
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Priorizar las prestaciones. Bolsa única para sanidad y la dependencia. Financiación finalista y en base no solo al número de habitantes, sino a su edad y complejidad.
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Evitar duplicidades y solapamientos de servicios.
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Toma de decisiones en base a resultados en salud y satisfacción de los pacientes, no en premisas ideológicas. Con especial detalle de los modelos de colaboración concesionales como el Modelo Alzira.
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Regular el papel de las aseguradoras en el ámbito de salud garantizando el mantenimiento de la accesibilidad y calidad, así como el pago justo a los profesionales.
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Corresponsabilidad del ciudadano. Fomentar la educación socio-sanitaria ,que facilitará y mejorará el seguimiento terapéutico y la atención domiciliaria.
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Cambios estructurales: provisión (más centros de media y larga estancia) cronicidad, atención telemática y domiciliaria.
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Facilitar mediante medidas fiscales, como el establecimiento de IVA superreducido, el acceso a equipamientos, suministros y consumibles.
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Impulso a la colaboración público-privada. Aprovechamiento de recursos existentes, no realizar inversiones que dupliquen recursos cuando son innecesarios.
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Planificación de la gestión. Logística y servicios compartidos. Centrales de compras. Fuente de ahorros para todos.
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Abordar de forma agrupada e internacional la investigación médica con especial hincapié en las enfermedades raras.
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Incorporación de las TIC de una forma decidida. Uso del “big data” en la toma de decisiones. Aprovechamiento de la información.
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