Las organizaciones sindicales analizan lo que esperan del futuro de los mutualistas durante la negociación del concierto

Los sindicatos, esperanzados con un Muface que encara su foto finish el 5N


14 oct. 2024 14:30H
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Pausadas. Así continúan las negociaciones sobre la continuidad de Muface. Las aseguradoras que dan asistencia al concierto sanitario (Asisa, Adeslas y DKV) tienen ahora en sus manos el futuro clínico de 1,5 millones de funcionarios adscritos a la mutualidad. Entre los propios sindicatos no hay un consenso claro sobre qué es lo que va a pasar en los próximos días. Unos optan por un aplazamiento de la decisión [que debe darse antes del 5 de noviembre], mientras que otros, más optimistas, creen que las tres entidades cederán a los requisitos económicos del Gobierno para Muface pronto. En lo que sí coinciden es en que el Ejecutivo tiene que “velar por la sanidad de los funcionarios”.

“Todo va a depender de la cobertura de servicios. Con estos precios, a las empresas no les va a interesar”, han asegurado desde CSIT. Para ellos, la última prima propuesta por el Gobierno para el concierto sanitario, del 17,2 por ciento —la más alta de su historia— es insuficiente. Desde la organización reclaman una mayor inyección presupuestaria para que “las aseguradoras puedan dar la mejor asistencia sanitaria a los funcionarios”.

Los empleados públicos adscritos a Muface son parte del 80 por ciento de mutualistas que optan por la sanidad privada. Ellos mismos se plantean tres escenarios: seguir en la mutualidad, pagar un seguro sanitario privado o derivar su historial clínico a la sanidad pública.

“Se avecina una oleada de miles de personas dejando Muface y optando por el sistema público. Y no se va a poder dar cobertura porque no hay capacidad física para poder atenderles”, han sentenciado desde CSIT. La organización sindical ya ha puesto en marcha varias reclamaciones al Gobierno para “reforzar la sanidad pública y hacer aumentos de plantilla antes de que todo colapse”.

Desde CSIF han sido más cautos: “Ahora el Gobierno tiene que valorar todas las opciones”. Pero en lo que sí han sido tajantes ha sido en la posición de las aseguradoras ante la nueva prima. “Están muy negativas. Va a ser difícil llegar a un acuerdo pronto”.

¿Pasaran los funcionarios a la privada tras la crisis?


La privada, en cambio, confía en que la crisis de Muface no afectará a los mutualistas que optan por este modelo sanitario. Sin embargo, desde la Fundación IDIS hacen una excepción: “Salvo que a consecuencia de la infrafinanciación del modelo se pudieran ver mermados de alguna forma los cuadros médicos o de proveedores hospitalarios”.

Esa reducción de los recursos es la que temen los mutualistas. “Un seguro privado puede darme más ventajas. No va a tener tanta decadencia”, ha explicado una funcionaria a este medio. En su caso, ha asegurado, ya tiene una decisión: abandonar Muface y pagar a una aseguradora. 

Así es la crisis de Muface


El futuro sanitario de los funcionarios está en juego en las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras. Antes del verano, la dirección general de Muface deslizó que la prima para el siguiente bienio del concierto (2025-2026) sería del 24 por ciento. En cambio, a principios de octubre el Ejecutivo ofertó una prima del 14 por ciento, muy por debajo del 40 que solicitaban las aseguradoras. Las tres, Asisa, Adeslas y DKV, se negaron a aceptar las condiciones.

La semana pasada las negociaciones continuaron. El Consejo de Ministros autorizó la licitación el concierto de Muface con una nueva prima, del 17,2 por ciento, para el siguiente bienio. La más alta de su historia. Y, tras ello, el presupuesto per capita por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros a 1.208,81 en 2026, lo que supone un aumento de la prima por asegurado de 176,69 euros.

El Consejo General de Muface


Los sindicatos no aclaran una fecha para el siguiente Consejo General de Muface. Lo que sí tienen claro es que será “inminente”. "Es cuestión de días", han comentado.  

Mientras, 1,5 millones de funcionarios (de los que el 65 por ciento son docentes, según el Ministerio para la Función Pública) esperan una respuesta a su futuro sanitario.
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