Redacción. Madrid
Los funcionarios con enfermedades más graves tendrán un plazo de 6 meses para cambiar de médico y hospital, según una instrucción interna del Ministerio de Hacienda hecha pública por el sindicato CSI-F. Un periodo que se podrá prorrogar hasta un año en el caso de los pacientes con cáncer o con enfermedades psiquiátricas, tal y como ha detallado la organización en un comunicado oficial.
Cristóbal Montoro.
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Además, prosigue, “la instrucción no tiene en cuenta que estos enfermos, a pesar de tener garantizado el tratamiento por el periodo indicado, pueden tener muchos inconvenientes con la prestación de pruebas complementarias necesarias que no estarán cubiertas en los centros hospitalarios donde reciban dichas terapias en el tiempo indicado”.
Finalizado este periodo, en teoría, la aseguradora deberá ofrecer “una alternativa asistencial válida”, pero que no concreta en nada, critica el sindicato, “lo que nos hace sospechar, teniendo en cuenta que las aseguradoras han decidido recortar hospitales por criterios económicos”.
El sindicato pide una prórroga de un mes
Ante esta situación, CSI-F reclama al departamento que dirige Cristóbal Montoro ampliar el plazo para que estos funcionarios decidan si siguen en Muface o pasan a la Seguridad Social, “hasta que se aclare el alcance de los recortes en la atención sanitaria”, denuncia. En concreto, ha pedido una prórroga de hasta el 20 de febrero.
De hecho, el propio sindicato ha iniciado un estudio para conocer el alcance de estos ajustes en el conjunto del territorio nacional. En este sentido, ha solicitado a la Dirección General de Muface un informe detallado de todos los cambios en servicios hospitalarios ocurridos entre los conciertos de 2014 y 2015.
Eso sí, CSI-F considera que si los funcionarios deciden trasladarse a la Seguridad Social, “el sistema tendría que asumir de golpe, al menos, 1,5 millones de personas” (de las tres mutualidades) y se generaría una situación que califican de “insostenible”, al incrementar de una forma importante la carga de trabajo de todos los miembros del SNS, además de incrementar el coste de los servicios sanitarios y de reducir de forma importante el empleo en este sector por el cierre de centros hospitalarios que, hasta el momento, atendían a estos funcionarios.
El PSOE pide explicaciones ante el recorte de las prestaciones sanitarias
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha exigido este martes al Gobierno que explique el recorte de las prestaciones y de la atención sanitaria que ha sufrido el colectivo de funcionarios cuya cobertura médica corre a cargo de Muface, y que afecta a un millón y medio de personas.
Para ello, los socialistas han solicitado la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro -que será debatida en una próxima sesión de la Diputación Permanente del Congreso-, y han anunciado una serie de iniciativas parlamentarias
“No solo es un recorte más para los empleados públicos, es además un recorte más en la prestación sanitaria para un millón y medio de personas que ven mermada su atención médica”, ha señalado la portavoz socialista de Administraciones Públicas, Susana Sumelzo, tras reunirse hoy en el Congreso, junto al portavoz de sanidad, José Martínez Olmos, con representantes de CSI-F.
“El Gobierno del PP ha estrangulado la financiación de Muface y ha desatendido su obligación de resolver los problemas de salud de estas personas y garantizar sus derechos y su atención sanitaria”, ha denunciado Martínez Olmos.
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