Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón coinciden en que la absorción de los asegurados conllevaría repercusiones

Fátima Matute, Marciano Gómez y José Luis Bancalero
Fátima Matute, Marciano Gómez y José Luis Bancalero, consejeros de Sanidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón, respectivamente.


10 oct. 2024 18:40H
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Las negociaciones por la renovación del concierto de Muface han generado revuelo en todos los frentes, luego que las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV decidieran no acudir a la nueva  licitación debido a las "totalmente insuficientes" condiciones económicas que planteaba el Gobierno. Estas radicaban en una subida de la prima del 14 por ciento para los próximos dos años, cifra inferior a la que pedían las aseguradoras. Aunque el último martes, el Gobierno anunció la subida de un 17 por ciento de la prima, el escenario todavía incierto genera dudas y preocupaciones en el futuro de los 1.5 millones de empleados públicos y familiares que alberga Muface. 

Por su parte, la principal inquietud de los gobiernos autonómicos se centra en el impacto que generaría en la sanidad pública la desaparición de este organismo público y la posible absorción del sistema de salud de cada región de los asegurados que reciben prestación sanitaria. En ese sentido, desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha expresado que "evidentemente" se trataría de "un problema" que desde el Ministerio dirigido por Mónica García no se está dimensionando.

"Es una situación en la que yo creo que no se han sentado en el ministerio a hacer una memoria económica ni un plan estratégico de cómo se va a asumir esa asistencia por parte del sistema público. Desde luego las comunidades autónomas estamos preocupadas y ocupándonos de -si esto ocurre- cómo poder solventarlo", ha dicho este jueves en declaraciones a la prensa. 

Las repercusiones se plasmarían en el volumen de pacientes y en "recursos que están limitados para la población que atendemos", tal como ha resaltado Matute, al considerar que los recursos económicos "no llegan por parte del ministerio".  Pese a eso, ha indicado que cada uno de esos asegurados recibiría atención, pero que se debe de hacer un análisis de cómo se adecuará a esas personas al sistema público de salud. 

Impacto en la sanidad pública y aumento de recursos


Desde la Comunidad Valenciana el escenario es bastante similar. Fuentes de la Conselleria de Sanidad han señalado a Redacción Médica que la posible desaparición de Muface generaría un impacto "importante" en la sanidad pública, que haría necesario "un incremento de recursos y, por tanto, de presupuesto". No obstante, han considerado que se tendría que hacer un análisis en profundidad para cuantificar los posibles efectos de la situación. 

En tanto, para el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, el sistema público se "tensionaría aún más" si el modelo de prestaciones sanitarias de funcionarios de Muface llegara a su fin, ya que se tendría que absorber a todos esos mutualistas, cuyo número asciende a las 80.000 personas en su región. En ese sentido, ha puntualizado que se tendría que solicitar una "mayor financiación" que permita hacer frente a la incorporación de todos esos usuarios en el sistema de salud autonómico. 

Otro aspecto abordado por Bancalero, es que la desaparición de Muface no solo se percibiría en el ámbito hospitalario, sino también en el rural, donde los profesionales sanitarios "tienen los cupos bastante elevados" en cuanto al número de pacientes. "No podríamos absorber de un día para otro a toda esta población sin que aumentaran las listas de espera y el tiempo de demora", ha puntualizado a los medios. 

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