Redacción. Barcelona
La Unión Catalana de Hospitales ha mostrado su preocupación por el compromiso adquirido por el Gobierno de Mariano Rajoy de reducir 1.108 millones de la Ley de Dependencia durante 2013. En su opinión, “esta medida vulnera la atención a las personas en situación de dependencia y la cohesión social”.
Helena Ris, directora general de la Unión. |
Asimismo, la asociación empresarial destaca que esa cifra es superior a la que la propia Administración central había presupuestado para el mismo año 2013 (inicialmente, 1.087 millones). Además, denuncia que esa decisión ha sido adoptada sin contar ni con los gobiernos autonómicos ni con los agentes del sector.
Según la propia ley, recuerda la Unión, el Estado debería aportar el 50 por ciento del presupuesto público en dependencia, pero en 2012 solo aportó el 21 por ciento. Además, la Unión asegura que fuentes del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) han informado que se paraliza la adjudicación de nuevas prestaciones económicas vinculadas a usuarios, “lo cual es una consecuencia de la prórroga presupuestaria”.
Ante la infrafinanciación y las dificultades económicas, la Unión considera que el contexto actual es “insostenible” y que son necesarios acuerdos políticos, económicos y sociales que hagan “viable” el sistema de atención a la dependencia porque afecta a las personas más vulnerables de la sociedad.