La privada quiere visibilizar los derechos sanitarios de los accidentados de tráfico

Redacción. Barcelona
La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) ha puesto en marcha, a través de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), una campaña informativa en todo el territorio español dirigida a las víctimas de los accidentes de tráfico, tal y como informan en un comunicado.

Cristina Contel.

El objetivo principal es que conozcan sus derechos en el ámbito de la asistencia sanitaria como la libre elección de centro sanitario y el derecho de elegir el equipo médico y rehabilitador.

La campaña se ha lanzado en un contexto de descontento por parte de los centros sanitarios privados, que ven con perplejidad cómo en los últimos años el convenio firmado con la patronal de las aseguradoras (Unespa) ha ido perdiendo la esencia que lo ha inspirado.

Los principales obstáculos del convenio actual son, entre otros, la facturación por módulos de los procesos asistenciales (precio cerrado para el tratamiento de una lesión), como el ‘latigazo cervical’, que representa el 55 por ciento del total de las asistencias a accidentados.

Asimismo, la introducción del nexo causal, que explica la relación causa-efecto entre el daño del accidentado y las circunstancias que provocaron el siniestro, como por ejemplo, la velocidad del automóvil en el momento de la colisión. Además, la derivación inducida a determinados centros asistenciales, lo que limita el derecho de las víctimas a escoger libremente el centro sanitario.

Otro obstáculo es el diagnóstico ‘a distancia’ hecho por un tramitador de seguros a partir de información del siniestro, como por ejemplo, la foto de un accidente. Esta valoración no tiene en cuenta ningún criterio médico y permite conceder o negar el derecho de la asistencia sanitaria a las víctimas con poco rigor.

Para Cristina Contel, presidenta de la FNCP y de ACES, “esta campaña que iniciamos quiere informar sobre los derechos de los accidentados de tráfico. Existe un gran desconocimiento entre las víctimas ya que nunca han recibido una información adecuada. Queremos poner sobre la mesa, los pros y los contras del sistema de atención a los accidentados de tráfico vigente en España y proponer acciones de mejora para paliar sus deficiencias. El primer paso es esta campaña informativa”.

La mesa redonda de médicos expertos en rehabilitación y traumatismos vertebrales ha profundizado en los tratamientos del traumatismo menor vertebral (que incluye el latigazo cervical) y que, al ser tan frecuente, es motivo de permanentes conflictos entre entidades aseguradoras, centros asistenciales y víctimas de los accidentes.

Los facultativos han insistido en la necesidad de que no haya interferencias en los tratamientos por parte de las compañías aseguradoras. Por otra parte, los profesionales y los representantes de los centros están de acuerdo en la importancia de la lucha contra los diferentes tipos de fraude existentes en todos los ámbitos ya que resultan perjudiciales para todos.

En relación a los ponentes de las Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico, queda patente la necesidad de hacer conocer sus derechos asistenciales y divulgar el Convenio Nacional de Accidentes de Tráfico, sector público privado (2014-2017),para que todos los lesionados puedan ejercer el derecho a la libre elección de centro sanitario.

Asimismo, han reclamado un convenio específico para el tratamiento del daño cerebral por sus especiales necesidades terapéuticas y han coincidido en que el nuevo baremo de indemnizaciones es positivo ya que, aunque tiene muchos puntos de mejora, presenta muchos aspectos que favorecen las víctimas.

Otro tema tratado por el abogado y miembro de la Comisión de Expertos de la Reforma del Sistema de Indemnizaciones a las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, Josep Pérez Tirado, ha sido la petición de que se respete la normativa legal y que “los centros sanitarios públicos facturen sus prestaciones asistenciales en base a los costes reales. Las tarifas que están aplicando en los convenios con el sector asegurador pueden impedir, restringir o falsear la competencia, con claro perjuicio para la sanidad privada. Se puede demostrar con ejemplos prácticos que no se están aplicando los verdaderos costes de los servicios prestados”.

Además, Pérez Tirado ha destacado que “no se puede seguir utilizando el sistema de facturación, antiguo y obsoleto, anterior a la Constitución de 1978, sino que es necesaria una profunda reforma de los convenios, con la participación de las asociaciones de víctimas. Se ha conseguido una importante reducción de la siniestralidad, pero hay que mejorar, no sólo los derechos de las víctimas, también los derechos de la sanidad cumpliendo con la legislación, y recuperando los costes reales que beneficiarán a la sanidad pública, a la sanidad privada ya la sociedad en general”.

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