El presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, Juan Abarca, y el presidente de ASPE, Carlos Rus.
El
Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS)
manifiesta su contrariedad al no haber sido recabada la opinión de los operadores del sector sanitario privado en la
reforma del Real Decreto 1093/2010 planteada por el Gobierno, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud.
La entidad, constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada de España, lamenta que, a pesar de que en el proceso de consulta se indica que se recabará la opinión de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas "
la realidad es que no se ha producido ese acercamiento al sector privado, sin tener en cuenta la directiva europea que se refiere a la integración de los datos públicos y privados".
El Ministerio de Sanidad trabaja ya en dar forma a un
nuevo modelo de historiales clínicos que se integrará en el SNS, pero desde el IDIS se ha querido realizar un conjunto de puntualizaciones.
¿Cuáles son las reivindicaciones del IDIS?
En primer lugar, considera que el RD 1093/2010, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el SNS que el Gobierno ha propuesto modificar,
no adapta el ordenamiento español a la Directiva europea 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.
Además, asegura que el RD 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza aclara, en su introducción, que la Directiva 2011/24/UE
es aplicable a todos los proveedores de asistencia sanitaria, ya sean públicos o privados.
"El Gobierno pretende hacer una reforma
sin tener en cuenta al sector sanitario privado, lo cual va en contra del espíritu y de la directiva europea", añade. "España es el único país europeo en el que existe una estigmatización del sector sanitario privado, al cual, una vez más, no se le tiene en cuenta", asegura el IDIS, que va más allá e indica que en el resto de países la asistencia privada está integrada
"sin ningún tipo de discriminación de los pacientes-usuarios", que en España son cerca de diez millones que contratan voluntariamente un seguro privado de salud.
El IDIS apunta que "la interoperabilidad del sistema sanitario nunca será real si en su desarrollo no se integran todos los datos, públicos y privados". Por esa razón, considera fundamental normalizar el hecho de que la
sanidad de titularidad privada es parte del sistema sanitario, tal como la utilizan de forma efectiva los españoles, más allá del establecimiento de acuerdos de colaboración que permitan la sostenibilidad del sistema público y que faciliten la accesibilidad a la sanidad.
"La continuidad asistencial, que es clave para la mejora de la atención sanitaria y el aprovechamiento de los recursos disponibles,
no es posible sin ese intercambio de información y que permiten los sistemas interoperables que contemplan a todos los operadores en su estrategia", sostiene. El IDIS destaca que los centros sanitarios del sector privado realizan cuatro de cada diez intervenciones quirúrgicas, tres de cada diez urgencias y tres de cada diez altas.
El sector privado alega que
dejarles "fuera en aspectos de interés crucial para la asistencia sanitaria de los ciudadanos solo puede responder al
objetivo de la estigmatización de un sector que es clave para la viabilidad de nuestro sistema de salud". La entidad también se apoya en la opinión de los españoles, que consideran a la sanidad privada integrada en el sistema sanitario y apuestan por el aumento de la financiación, por la equidad de acceso y por la interoperabilidad, entre otros aspectos, tal como atestigua una reciente encuesta. "Esta actitud, aunque tenga una finalidad de satisfacer a las ideologías más extremistas, va en contra de lo que opina la inmensa mayoría de la población tal y como ha demostrado dicho informe, según el cual el 95 por ciento de los españoles considera necesaria la coordinación y la continuidad asistencial".
Por todo ello, la
Fundación IDIS "solicita al Gobierno que abandone este tipo de actitudes o prácticas discriminatorias frente al sector privado,
con las que buscan limitar su valor, por una simple cuestión de satisfacción ideológica. La población, además de estar a favor de una integración entre sistemas, acusa ya cierto cansancio por el ataque sistémico a un sector, que hoy es propietario del 40 por ciento de los recursos en sanidad y es motor de innovación, calidad y empleo".
¿Cuál es el posicionamiento de ASPE?
Por su parte, la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) confía en que la
nueva historia clínica digital interoperable de datos sanitarios que está ultimando el Ministerio de Sanidad -tras cumplirse este 27 de junio el plazo de consulta pública para la presentación de aportaciones a la reforma del Real Decreto de 2010 sobre informes del Sistema Nacional de Salud- incorpore al sector sanitario privado y
no se circunscriba solo al circuito público, ya que supondría "una limitación que perjudicaría tanto a pacientes como a profesionales sanitarios".
Tal como ASPE tuvo la oportunidad de trasladar al secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS y al director general de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS en un encuentro mantenido en octubre de 2020, la
interoperabilidad total del conjunto de la infraestructura sanitaria del país es la "única fórmula que garantiza un beneficio real en términos de asistencia sanitaria".
Y es que, según apunta, la interoperabilidad del conjunto del Sistema Nacional de Salud, y no solo entre comunidades autónomas, puede evitar la
tan costosa duplicidad de pruebas y los retrasos en diagnósticos muchas veces motivados por la repetición de procedimientos por falta de acceso a los antecedentes clínicos de las personas tratadas.
Carlos Rus, presidente de ASPE, pone el acento en que el historial médico no pertenece a ninguna administración: “La historia clínica pertenece al paciente, que es quien debe autorizar, si así lo desea, el acceso a sus datos sanitarios al médico que le esté tratando”, recuerda, porque la interoperabilidad “no autoriza al centro sanitario a acceder a sus datos, sino únicamente al profesional que esté atendiendo a ese paciente, allá donde se encuentre ”, aclara.
Además, continúa, la reforma de
interoperabilidad digital en la que trabaja el Ministerio de Sanidad responde a una recomendación de la Unión Europea que comprende la atención sanitaria público-privada presente en todos los sistemas nacionales de salud de nuestros países vecinos. "Si España optase por dejar de lado al sector de la provisión sanitaria se estaría, por tanto, operando contracorriente de Europa en términos de la tan necesaria digitalización de la Sanidad", apuntilla Aspe.
Más de 12 millones de pacientes anuales
De otro lado, la interoperabilidad de ambos circuitos, público y privado, no hace más que favorecer el desempeño de los profesionales y evitar trabas administrativas. “Esta posibilidad de acceso a la historia clínica de un paciente elimina barreras, agiliza diagnósticos y es importante en ambas direcciones,
no solo para los médicos que ejercen en la sanidad privada”, señala Rus.
Por todo ello, ASPE desea que en la redacción final del texto que se presentará al Consejo de Ministros, se tenga en cuenta y priorice el criterio de los propios profesionales sanitarios que aboga por la
accesibilidad a la historia clínica, previa autorización del interesado, independientemente de si el paciente está siendo atendido por un médico del circuito público o privado.
En esta misma línea, ASPE recuerda que el sector de la provisión sanitaria es parte fundamental del Sistema Nacional de Salud, con el
56 por ciento total de centros hospitalarios y el 32 por ciento del total de camas existentes en España, además de 12 hospitales universitarios y 12.000 centros sanitarios extrahospitalarios.
Esta infraestructura permite atender a
más de 12 millones de pacientes anuales, a la vez que llevar a cabo el 38 por ciento de las intervenciones quirúrgicas, el 30 por ciento de las urgencias y el 26 por ciento de las consultas que se realizan en el ámbito hospitalario.
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