ASPE denuncia el "abandono" del Gobierno ante la quiebra de centros

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) viene solicitando desde hace tres meses al Gobierno español ayudas y compensaciones “para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública, y el consiguiente impacto al sector como actividad esencial sin medidas de reorganización laboral”, han explicado.

El sector se muestra “enormemente preocupado” ante el riesgo de quiebra asistencial y financiera y denuncia el abandono del Gobierno actual a un sector que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4 por ciento del PIB.

Este riesgo se ha agudizado durante el estado de alarma y se manifiesta “en la suspensión de pagos, concursos y cierres de cientos de centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes, fundamentalmente pequeñas clínicas. La estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar”.

Centros sanitarios llenos de personal y vacíos de pacientes

El Gobierno “ha comprometido en este tiempo una respuesta que no ha llegado a la solicitud por ASPE de medidas fiscales y financieras para empresas que han vivido en muchos casos una situación extrema: abiertas como actividad esencial, sin pacientes por el confinamiento, con una caída abismal de ingresos y sin medidas de reorganización laboral”, han manifestado.

Ahora, estos centros afrontan, por lo general, la fase de ‘nueva normalidad’ “con un tercio de las consultas que se registraban previamente al estado de alarma, por el miedo al contagio y por las medidas de seguridad y mejor secuenciación de las visitas”.

Sin respuesta de Sanidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de ASPE, Carlos Rus, una respuesta en 10 días a las medidas específicas para dotar de liquidez y fiscales.

En ese mismo encuentro, el sector solicitó ser considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros. Una vez publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo Covid-19, se ha constatado “la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad de los gobiernos regionales de facilitar ayudas al sector”.

Una crisis con alto impacto económico

El impacto del Covid-19 en el sector privado de sanidad durante los meses más críticos de la pandemia, marzo y abril, se documenta a través de un estudio realizado por ASPE. Este estudio analiza la actividad asistencial desarrollada y su impacto en facturación, empleo, costes de aprovisionamiento e inversiones durante el mencionado periodo.

El estudio se realizó sobre una muestra de 124 centros sanitarios que suponen el 27 por ciento de los hospitales privados y el 24 por ciento de las camas privadas existentes en este tipo de centros sanitarios.

Solo los 124 hospitales privados estudiados, asumieron el 16 por ciento de los pacientes diagnosticados (19.289) y el 14 por ciento de los ingresos en UCI (1.536). En actividad, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa: concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas un 79 por ciento y las urgencias un 73 por ciento, las consultas un 67 por ciento, los ingresos hospitalarios un 58 por ciento, las determinaciones de laboratorio un 57 por ciento y los ingresos UCI un 52 por ciento.

El impacto en la facturación varía en función de la comunidad autónoma analizada, siendo Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias las que han sufrido un mayor descenso. Por el contrario, Madrid, Castilla y León y Cataluña han sido las comunidades que se han visto menos afectadas. 

Los hospitales participantes en el estudio han llevado a cabo inversiones relacionadas con el Covid -19 por un valor superior a los 13,5 millones de euros y han cancelado o retrasado inversiones por un valor estimado de 36,2 millones de euros. El 33 por ciento de las inversiones realizadas corresponde a compra de equipamiento, el 28 por ciento a la compra de respiradores, el 12 por ciento a la adecuación de espacios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades, y el 27 por ciento restante a otras inversiones

El importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con el Covid-19, se ha incrementado un 71 por ciento respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019.