ASPE acusa a Podemos de avanzar a la "autarquía sanitaria" por ideología

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) acusa a Unidas Podemos de "enfrentar a la sanidad pública y a la privada". Según explican, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentó este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición para modificar la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con la finalidad de "establecer una legislación a la carta que permita rescatar los contratos concesionales establecidos de gestión de hospitales públicos por empresas de provisión sanitaria, violando cualquier principio de seguridad jurídica, aumentando las causas de resolución de contratos de concesión de servicios y reduciendo las cuantías indemnizatorias en los casos de rescisión unilateral no justificada por la Administración". 

Para ASPE, esta proposición de ley es, de nuevo, "un intento irresponsable de confrontación que busca descalificar por motivaciones puramente ideológicas el modelo de complementariedad público-privado en materia sanitaria". Por este motivo, la patronal de la sanidad privada hace un llamamiento al análisis objetivo para "refutar este tipo de iniciativas legislativas que pretenden un sistema sanitario público autárquico, en contra de cualquier práctica extendida en los países europeos".

Concretamente, entre los cambios de esta proposición de ley de Unidas Podemos (UP) que afectan a la sanidad privada, ASPE cita que se mantiene la posibilidad de rescate del servicio por razones de interés público, pero "elimina la necesidad de acreditar que la gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional"; se reducen las cuantías de la indemnización en los casos en que la resolución del contrato se produzca por causas imputables a la Administración (como por ejemplo, en caso de rescate); y se aumentan las causas de resolución del contrato de concesión de servicios.

La colaboración público-privada mejora la accesibilidad

"La proposición de ley atenta con la doctrina del Tribunal Supremo que ya en julio de 2021 sentó precedente (sentencia núm. 952/2021), dictaminando contra las reversiones de hospitales públicos sin garantía de rigor presupuestario y control del gasto público en el recurso de casación interpuesto por la empresa Ribera Salud contra la reversión del Hospital de La Ribera de Alzira", han indicado desde ASPE. "Esa sentencia supuso una garantía contra las decisiones arbitrarias o no suficientemente justificadas de las administraciones públicas en los procesos de reversión de servicios e infraestructuras públicas gestionadas bajo concesión a entes privados", han añadido. 

De hecho, el fin de la concesión del Hospital de La Ribera generó un sobrecoste anual de 76 millones de euros, según los datos oficiales publicados por la propia Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Además, según esos mismos informes, en los siguientes dos años "se triplicaron las listas de espera, a lo que hay que añadir el colapso de las urgencias, la falta de camas en hospitalización y también de profesionales".

Desde ASPE han apuntado que la colaboración público-privada funciona con carácter general "de forma eficaz" en el conjunto de teritorios. "La aportación del sector a la red pública es clave tanto desde la accesibilidad y apoyo en todo el territorio nacional como desde un precio mucho más competitivo al que presta su servicio", sostienen.

"La sostenibilidad del sistema sanitario depende también de la contribución de nuestro sector y esta Proposición de Ley de UP no supone la mejora del sistema en el momento más crítico de demanda asistencial, sino que es una ceguera obstinada por una realidad que la sociedad española no se puede permitir, por costes y por capacidad instalada. Debemos instar a los poderes públicos y a los partidos políticos a preservar la eficiencia del servicio al ciudadano y no someterlo a cuestiones ideológicas", ha afirmado Carlos Rus, presidente de ASPE.