Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS.
La cuenta atrás ha vuelto a empezar. De nuevo,
Muface se debate entre desaparecer o seguir adelante. Su fin o su continuidad. Y son muchos los actores del ámbito sanitario los que han querido participar en la discusión. Uno de los que ha estado más presente en los últimos días ha sido
Juan Abarca, el presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). El portavoz de la Fundación ha reiterado en diversas ocasiones que lo que está en juego es la salud de cerca de 1,5 millones de personas. "La situación de la mutualidad se ha vuelto insostenible, hay que encontrar una solución ya", ha explicado a
Redacción Médica.
La conversación ha tenido lugar en
la entrega de los sellos QH que otorga IDIS a distintas entidades públicas y privadas para premiar la eficacia de sus servicios. Si bien el presidente de la Fundación no ha hecho mención a la situación del concierto sanitario durante el evento, sí que ha hablado con este medio en los instantes previos a la adjudicación de los galardones. Abarca, tajante, ha calificado la situación de las negociaciones de "compleja". En este sentido,
ha instado al Gobierno a resolver el 'enigma Muface' ofreciendoles a las aseguradoras una oferta que se adecue a las condiciones económicas que éstas solicitan.
El portavoz de la Fundación IDIS ha sido aún más detallista. Con respecto a los escenarios a los que se enfrenta la mutualidad,
ha mencionado la prórroga forzosa presente en la Ley de Contratos Públicos. El Gobierno podría escudarse en esta herramienta para que las aseguradoras que hasta ahora dotaban de asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface tuviesen que seguir proporcionando sus servicios hasta nueve meses después de la finalización del contrato del concierto [que finaliza este 31 de diciembre].
"El Gobierno no va a llegar a acogerse a este mecanismo. Es una posibilidad, pero lo más seguro es que todo se solucione antes", ha vaticinado Abarca.
Operación Salvar Muface
Muface se ha convertido en un enigma. Después de que la semana pasada
las tres aseguradoras que proporcionaban asistencia sanitaria al modelo (Asisa, Adeslas y DKV)
dejasen desierto el porceso de licitación para el siguiente bienio de la mutualidad, el concierto ha dejado en vilo a cerca de 1,5 millones de personas -entre titulares y beneficiarios-. Ellos, los funcionarios,
son los que mantienen la esperanza en un nuevo acuerdo de cara a 2025.
Tras el 'no' de las tres compañías, la situación en torno a Muface se cubrió de una incertidumbre mayor de la que ya había tenido hasta el momento.
El vaivén en las negociaciones entre las firmas y el Gobierno comenzó a principios de octubre con la oferta de la nueva prima para el concierto del 14 por ciento que propuso el Ejecutivo. Asisa, Adeslas y DKV se unieron para mostrar su unanimidad y rechazaron la oferta. Además, la sanidad privada y los sindicatos tacharon al Ministerio para la Función Pública de "planear el fin deliberado" de Muface en los despachos.
La segunda propuesta llegó unas semanas después. El Gobierno puso sobre la mesa una prima del 17,2 por ciento, la más alta de la historia de la mutualidad. Pero las compañías ya avanzaron por entonces que, aunque el Ejecutivo había hecho "un gran esfuerzo", no iba a ser suficiente. Y, así,
la licitación quedó desierta.
En ese escenario, los sindicatos comenzaron a mostrar su nerviosismo a la Dirección General de Muface, que minutos después de conocer la fragmentación del modelo avanzaron que estaban trabajando en una nueva licitación. La conmoción causada entre las organizaciones fue lo que llevó a
reunir de urgencia al Consejo General de la mutualidad el pasado jueves. Fue entonces cuando
el Gobierno dijo que disponía de los "mecanismos suficientes" para seguir dotando de asistencia sanitaria a todos los mutualistas. Sin embargo, el Ejecutivo no hizo alusión a los plazos que se iban a seguir ni a qué tipo de herramientas se refería.
La Ley de Contratos Públicos, que engloba a textos como el del concierto sanitario de los funcionarios, recoge la prórroga forzosa. A través de ella, el Gobierno puede obligar a las aseguradoras a seguir restando servicios a los mutualistas durante los nueve meses siguientes. No obstante,
esta medida aún no ha sido mencionada por el Ministerio para la Función Pública.
El tiempo sigue corriendo para Muface. El contrato vigente finaliza el próximo 31 de diciembre. A partir de esa fecha, Asisa, Adeslas y DKV van a tener que seguir prestando servicios a los pacientes que se encuentren ingresados y a las mujeres que tengan previsto su parto para febrero de 2025. Lo que ocurra después está en manos del Gobierno, que ya ha recibido las primeras críticas por parte del sindicato mayoritario de los funcionarios, CSIF, por el riesgo de dejar morir a la mutualidad por inanición. De hecho,
la organización convocó el lunes una movilización a la que acudieron varios centenares de personas en la que solicitaban al Gobierno una solución.
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