Grupo parlamentario del PNV.
El
Partido Nacionalista Vasco ha solicitado al Gobierno central durante la tarde de este lunes la
devolución de la Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, tal y como ha informado la propia organización política a través de sus redes sociales. Tal y como ha advertido el PNV, la puesta en marcha del órgano de nueva creación generaría un
“conflicto competencial” entre el Estado y el Gobierno Vasco. Así, los comandados por Aitor Esteban han presentado este 19 de febrero la
enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados, que deja en el limbo la tramitación parlamentaria del nuevo ente.
Y es que los jeltzales han recalcado que las
funciones de la Agencia Estatal de Salud Pública son “imposibles de determinar”, para lo que ha presentado dicho escrito ante la Cámara Baja. En él, los peneuvistas han mostrado su preocupación por la “indefinición” y la
“falta de claridad” del ente estatal sanitario, tanto en sus fines como en sus funciones. El grupo vasco ha señalado que “no se hace mención alguna a cómo quedaría configurada la estructura de la Salud Pública en el ámbito estatal”, ni establece “cuáles serían los sistemas de coordinación y comunicación del órgano planteado con otras Administraciones con competencias en Salud Pública”.
Con este órdago del PNV, en el cual los
cinco diputados peneuvistas votarían ‘no’ a la creación de la Agencia Estatal, los jeltzales podrían tumbar una de las iniciativas que lleva arrastrando varios ejercicios el Gobierno de coalición. El Ejecutivo de
Sánchez, hoy por hoy, cuenta con
148 votos a favor, entre diputados socialistas y los de Sumar. Con el apoyo externo, que lograría otros 31 ‘síes’, ascendería su apoyo hasta los 179. Tres más que la mayoría absoluta en la Cámara Baja, por lo que, si los cinco votos del PNV se descuelgan de la Ley de creación de la Agencia de Salud Pública, la norma quedaría rechazada en el Congreso español, pues el Gobierno estatal recibiría 174 votos favorables, frente a 176 en contra, siempre y cuando la derecha española vote en contra del texto.
A este contratiempo para el
Gobierno de España en general y para el
Ministerio de Sanidad en particular, se le suma otra piedra en el camino, y esa es la postura de Junts. Según ha podido confirmar
Redacción Médica, el grupo parlamentario de Junts también ha presentado una enmienda a la totalidad a la creación del nuevo ente. Así, los
siete independentistas catalanes que conforman el grupo parlamentario pondrían más en duda la posible creación del órgano de Salud Pública. Si bien desde Junts no han dado más detalles acerca de las razones que les ha llevado a presentar la devolución de la norma,
Sánchez quedaría más debilitado en el Parlamento, pues a esos 174 votos habría que restarles los 7 de Junts.
Invasión competencial de la Agencia de Salud Pública
Otro de los argumentos esgrimidos por el Partido Nacionalista Vasco es la
posible invasión de competencias que perjudicaría a Euskadi. Y es que hace escasos meses, el pasado mes de noviembre concretamente, el
Parlamento Vasco, a instancias del Departamento de Salud del Gobierno de Urkullu, aprobó la
Ley de Salud Pública de Euskadi, por lo que desde el PNV han indicado que el órgano que pretende crear el
Ministerio de Sanidad podría incurrir en un choque competencial con el Ejecutivo autonómico.
Pero, a pesar de ese escenario, los jeltzales han asegurado que siguen con la
mano tendida para poder “alcanzar un acuerdo” con el Gobierno de España “antes de que se suscite el
debate de totalidad en el Congreso”. El Ejecutivo central informaba el pasado 30 de enero sobre la creación de la Agencia en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros. Y lo hacía recalcando que el nuevo centro estaría enfocado a
proteger a la población de posibles nuevas pandemias y otras posibles
amenazas de Salud Pública.
Una semana más tarde abrió la
Mesa del Congreso de los Diputados el plazo para presentar enmiendas a dicha creación, por el procedimiento de urgencia. La
ministra Mónica García, por su parte, recalcó en su estreno en la
Comisión de Sanidad que el
ente de Salud Pública estaría funcionando ya antes del verano de este mismo año, aunque las
enmiendas presentadas por PNV y Junts ponen, por el momento, en duda sus plazos. También los de
Andalucía y
Aragón, pues sus gobiernos autonómicos han postulado ya a las ciudades de
Granada y Zaragoza como posibles sedes de la Agencia de Salud Pública.
La Consejería de Salud andaluza presentará próximamente un
documento para tratar de convencer al Ministerio de Sanidad para que escoga a la capital nazarí como sede. Aragón, por su parte, ha creado un
grupo impulsor integrado por una veintena de altos representantes para hacerse con la sede de la Agencia. Las comunidades de
Galicia y Asturias también han mostrado su interés por albergar la sede estatal, aunque se encuentran a la espera de que el departamento ministerial especifique los
criterios para presentar sus respectivas candidaturas.
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