Pacto de Estado o temporalidad: cuentas pendientes del SNS tras el Covid-19

En el año 2020 el Covid-19 puso en jaque al Sistema Nacional de Salud. Con hospitales desbordados y profesionales al límite, las carencias estructurales quedaron más expuestas que nunca: precariedad laboral, insuficiente inversión en Primaria, y un modelo de salud pública desactualizado e incapaz de afrontar crisis de esta magnitud. En respuesta, el Congreso puso en marcha la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, con el objetivo de reforzar el SNS y evitar que una situación similar volviera a repetirse. Cinco años después, algunos de los compromisos propuestos por este organismo han dado frutos, como la Agencia Estatal de Salud Pública, que está a punto de ver la luz, mientras que otros siguen esperando su momento. Ha llegado el momento de hacer balance.

Hay que reconocer que muchas de las iniciativas de la Comisión de Reconstrucción ya se han cristalizado en medidas concretas gracias al Ministerio de Sanidad. Se han distribuido fondos para reforzar la Atención Primaria y la digitalización sanitaria ha dado pasos adelante. Sin embargo, muchos de los compromisos se han quedado en el papel: el Pacto de Estado por la Sanidad nunca llegó, y la sanidad penitenciaria sigue sin transferirse a la mayoría de las comunidades autónomas.

La Agencia Estatal de Salud Pública, en el horizonte

En materia de gobernanza, uno de los compromisos más relevante en los que se ha avanzado ha sido la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que busca mejorar la cooperación entre las comunidades autónomas en la gestión sanitaria. Tal y como adelantó en su momento Redacción Médica, si todo va como lo previsto, este mismo jueves, 13 de marzo, la Comisión de Sanidad abordará los últimos detalles sobre este proyecto, previos a su debate en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, el gran pacto de Estado por la sanidad que pretendía blindar el Sistema Nacional de Salud y dotarlo de estabilidad, independientemente del color político de los gobiernos, no se ha concretado. Tampoco se ha creado la subcomisión parlamentaria que debía encargarse del seguimiento de los acuerdos sanitarios.

¿Ha dicho adiós el SNS a la temporalidad?

La temporalidad en el empleo público era uno de los grandes problemas que sufría el SNS. Para paliarlo, la Comisión de Reconstrucción planteó en 2020 la necesidad de actualizar el sistema de contratación para reducir la precariedad. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha medidas, como la reforma del Estatuto Marco.

A pesar de estos avances, la temporalidad en el ámbito sanitario sigue siendo un problema, ya que el acuerdo enfocado en mejorar esta premisa, que el Ministerio de Politica Territorial y Función publica firmó en 2021 con los sindcatos, no ha resuelto el problema. Este pacto recogia, entre otras cosas, que los contratos temporales tuviesen una duración máxima de tres años e indemnizaciones a personal afectado por estas circunstancias. 

El acuerdo, además, está pendiente de renovación, lo que ha llevado a que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) haya convocado una concentración frente al Minsiterio de Hacienda el próximo 19 de marzo para "denunciar el abandono que los empleados públicos sufren por parte del Gobierno". El motivo es que no se ha reactivado la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales ámbitos como la temporalidad, las ofertas de empleo público y cuestiones salariales. Estas protestas se extenderán a todo el país.

Atención Primaria avanza con asignaturas pendientes

Reforzar el papel de la Atención Primaria frente al covid no podía faltar entre los objetivos que propuso esta comisión. El Ministerio de Sanidad ha mantenido sus esfuerzos desde la pandemia. En octubre de 2024 publicaba dos nuevos contratos con el objetivo de aumentar la vigilancia epidemiológica contra este virus. Otro de los objetivos que han avanzado favorablemente ha sido el de desarrollar e implementar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Junto a esto, se había propuesto reforzar los equipos de Atención Primaria con personal administrativo con formación sanitaria para desburocratizar el trabajo de los sanitarios. Aunque la figura del 'administrativo de cabecera' ha sido reconocida como buena práctica por la OMS, su implantación sigue en fase de desarrollo, pero se encuentra entre los planes del Ministerio de Sanidad de cara a esta ligslatura. 

El propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, señaló el pasado verano en una entrevista con Redacción Médica la intención de esta cartera de "dignificar el rol de los administrativos sanitarios" y de explorar "vías de asignación capitativa". La idea, tal y como detallaba Padilla, es que esta figura esté en contacto con los pacientes. "No puede ser que la primera cara que vea el paciente sea del ámbito de menor regulación formativa que tenemos" señalaba el secretario de Estado. 

Por otra parte, esta Comisión también marcó como prioridad el diseño de un plan de recursos humanos que garantizara estabilidad laboral, mejoras salariales y mayor equidad en la distribución de profesionales sanitarios. En 2024, el Ministerio de Sanidad avanzaba con su estrategia de RRHH por distintas vías. Por una parte, junto a la OMS, en un marco de análisis y estudio del personal del que dispone el SNS y también con un plan enfocado a la Atención Primaria, que se centra completar el Registro Estatal de Recursos Humanos.

Otra de las materias pendientes es el impulso de la Enfermería Familiar y Comunitaria, con un escaso desarrollo de la especialidad. La optimización del papel del Trabajo Social en salud tampoco ha sido una realidad a nivel estatal, aunque algunas comunidades han reforzado este ámbito de forma independiente. 

Por último, entre otras mejoras destinadas a AP destacan avances digitales hacia la incorporación de la atención telefónica como una herramienta habitual en los centros de salud. Sin embargo, la telemedicina aún genera reticencias entre pacientes y profesionales, lo que dificulta su expansión como alternativa viable, a pesar de ser una de las medidas más eficaces para reducir la carga asistencial. Otras mejoras en el ámbito de la transformación digital tienen que ver con la llegada de la Inteligencia Artificial. Desde 2021, se han impulsado herramientas de este tipo en la digitalización en hospitales y centros de salud. Sin embargo, sigue sin crearse una unidad directiva de alto nivel en el Ministerio de Sanidad que lidere la transformación digital del sistema.

Luces y sombras en investigación y terapias avanzadas

En el ámbito de la investigación, se ha logrado reforzar el Plan de Terapias Avanzadas, con la inclusión de nuevos tratamientos CAR-T en el Sistema Nacional de Salud. No obstante, la inversión en I+D+i sigue por debajo de la media europea.

En 2023, este se situaba en un 1,44 por ciento del PIB, una cifra que lo sitúa lejos del objetivo del 2 por ciento que se había fijado. Otra de las medidas pendientes es la extensión de la categoría de "Facultativo Especialista Investigador" a todas las comunidades autónomas.

Compromisos del ámbito farmacéutico

En el ámbito farmacéutico destaca el compromiso del Ministerio de Sanidad con el fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares. La reforma del Sistema de Precios de Referencia ha facilitado su introducción en el mercado, aunque su penetración sigue por debajo de la media europea. Sin embargo, el programa Profarma, diseñado para incentivar la competitividad y la innovación en la industria farmacéutica, sigue acumulando retrasos. A pesar de que el Gobierno anunció su renovación en 2024, la medida se ha aplazado hasta 2025.

Sí que se ha cumplido el compromiso de poner en marcha una red nacional de evaluación de medicamentos, en coordinación con las comunidades autónomas. En concreto, en 2022 se creó Revalmed, la Red Española de Evaluación de Medicamentos del Sistema Nacional de Salud, encargada de elaborar los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de los fármacos. Por otra parte, también se ha reforzado la colaboración público-privada con la industria farmacéutica gracias al plan estratégico, que surge como un marco de coordinación y colaboración entre ambos entes. 

Este 'plan pharma' avanza con paso firme desde su presentación, que se llevó a cabo a finales de 2024. Su estrategia se basa en un "enfoque ecosistema" que reconoce la relación entre la innovación, la producción y el acceso a los medicamentos. Uno de los aspectos que destaca el Gobierno es la importancia de la colaboración entre todos los actores involucrados, incluyendo a las comunidades autónomas, los pacientes, los profesionales sanitarios y la industria farmacéutica.

Financiación sanitaria

En materia de financiación, el Fondo de Cohesión Sanitaria se ha actualizado periódicamente para garantizar la asistencia a pacientes de distintas comunidades autónomas, pero sigue sin acometerse una reforma estructural del sistema de financiación autonómica que asegure la sostenibilidad de la sanidad pública.

No se ha creado el Fondo de Reconstrucción Sanitaria plurianual, que debía incentivar mejoras en diversas áreas sanitarias, ni se ha activado el Fondo de Garantía Asistencial para compensar los gastos derivados de la movilidad de pacientes entre comunidades.

Promesas cumplidas e incumplidas en materia de salud pública

En el ámbito de la Salud Pública, algunos avances han sido logrados, aunque persisten áreas pendientes de implementación. La Ley General de Salud Pública, ha reforzado Red de Vigilancia en Salud Pública en colaboración con las comunidades autónomas, lo que ha permitido mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias. 

Sin embargo, hay varios aspectos que aún no se han llevado a cabo, como la organización de una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico. Tampoco se ha actualizado - de momento - la Estrategia Nacional de Equidad en Salud, un paso necesario para abordar las desigualdades en el acceso y calidad de los servicios sanitarios, aunque sí se ha creado un Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente.

La sanidad penitenciaria, una deuda pendiente

El traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas es otra de las promesas incumplidas. Por el momento, solo Cataluña, País Vasco y Navarra gestionan su sanidad en prisiones. El pasado seis de marzo, los partidos del Gobierno señalaba la necesidad de agilizar esta cesión de competencias en una PNL. Por el momento, se conoce que hace aproximadamente un año, el Ejecutivo central había retomado el contacto con otras regiones para avanzar en el proceso. Cantabria, Baleares y Aragón habían mostrado interés en recibir estas competencias, pero las negociaciones siguen sin materializarse.

Tras este análisis se podría decir que cinco años después se ha avanzado en muchos de los objetivos que propuso en 2020 la Comisión de Reconstrucción. Un ejemplo es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y la mejora en la inversión en Atención Primaria. Sin embargo, los grandes pactos estructurales, la estabilidad laboral y la transformación digital siguen sin consolidarse, dejando aún muchas asignaturas pendientes para el futuro del sistema sanitario español.