Más de 110.000 dependientes murieron esperando su prestación en 4 años

Durante la pasada legislatura, 110.292 personas en situación de dependencia, fallecieron mientras se encontraban a la espera de recibir las prestaciones que necesitaban. Este es el dato oficial que el Gobierno de España ha publicado en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por Vox. En concreto, el número de personas que murieron por año fue de 34.408 en 2020; 28.192 en 2021; 25.699 en 2022; y 21.993 en 2023.

Junto a este dato, el Gobierno ha hecho público también el número de personas que fallecieron mientras esperaban el reconocimiento de la situación de dependencia. Según los datos proporcionados, esta cifra se eleva durante el total de la legislatura pasada a 77.673 individuos. El desglose anual es el siguiente: 21.079 en 2020; 18.479 en 2021; 19.661 en 2022; y 18.454 en 2023.

En concreto, la comunidad autónoma en las que ha habido un mayor número de fallecimientos de personas con derecho (es decir, que ya había sido reconocida su situación de dependencia) que se encontraba a la espera de recibir la prestación ha sido Cataluña, donde la cifra se eleva a 34.943. Le acompañan Andalucía, con 19.741 fallecidos; Madrid, con 11.911; País Vasco, que suma 8.264, y la Comunidad Valenciana, donde murieron 7.309 beneficiarios.

Por otra parte, Andalucía ha sido la autonomía con más fallecidos que se encontraban esperando por el reconocimiento de la situación de dependencia. En el conjunto de los cuatro años de legislatura murieron un total de 20.314 personas. Le sigue Cataluña, donde murieron 14.960 personas; Comunidad Valenciana (10.017); Cantabria (7.629) y Castilla y León (5.367).

Medidas para mejorar el sistema de dependencia

Para hacer frente a estos datos, el Ejecutivo señala que se continuará trabajando “para la mejora del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia” de una manera “global e integrada”. Lo hará con el objetivo de mejorar la atención y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y de las personas cuidadoras no profesionales, que según se detalla son, en su mayor parte, mujeres.

“Como ya se ha venido haciendo en los ejercicios 2022 y 2023, se mejorará aún más la financiación del sistema por parte de la Administración General del Estado (AGE), a través de las cuantías del nivel mínimo asociadas a cada grado de dependencia y mediante los créditos que se distribuyan en relación con el denominado nivel acordado”, señala el Gobierno.

Por otra parte, la respuesta parlamentaria también recoge que la AGE, se encuentra trabajando junto con las comunidades autónomas para implantar de manera efectiva “todas las medidas” que se han adoptado en relación con la atención a personas en situación de dependencia.

Esto supe un aumento de las cuantías máximas de las prestaciones económicas y la fijación de cuantías mínimas de las mismas. Además, el Gobierno señala que se está mejorando “considerablemente” la intensidad horaria de servicios como el de ayuda a domicilio.

Por otra parte, la aplicación del acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) adquiere también especial relevancia. Este enmarca los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema.

“En definitiva, la apuesta del Gobierno pasa por continuar mejorando las condiciones de vida tanto de las personas en situación de dependencia, como de las personas que las atienden. No solo en relación con las personas profesionales del sector de atención y cuidados, sino también en referencia a las personas cuidadoras no profesionales. Todo ello mediante las oportunas medidas que se adopten en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo Territorial”, concluye el Ejecutivo.