Ley anti-agresiones al sanitario: declaración obligada y registro de casos

El Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados una iniciativa enfocada a paliar la violencia contra los sanitarios y que conlleva, entre otros efectos, la obligación de estos profesionales a informar de la existencia de este tipo de situaciones y la creación de un registro nacional que identifique tanto a víctimas como a agresores.

En la proposición de ley contra la violencia a sanitarios que ha registrado en la Cámara Baja, la formación popular sostiene que en España este problema “no ha desaparecido” pese a que “centra cada día más la atención de los poderes públicos” y se han endurecido las condenas contra los agresores. En este sentido, incide en la necesidad de “regular las medidas mínimas y básicas” a implantar tanto en el ámbito público como en el privado para “garantizar la seguridad y salud” de estos trabajadores y “evitar el riesgo de que sufran daños por actos de violencia”.

Entre otros objetivos, la proposición contempla el establecimiento de un ‘Plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario’, de forma que cada servicio de salud o empresa cuente con una hoja de ruta para contener la violencia en las consultas. Los populares no solo aluden a medidas “estructurales”, como la instalación de sistemas de videovigilancia en pasillos y salas de espera, sino también a otras de “carácter activo, reactivo y organizativo”.

Antecedentes en la historia clínica del paciente

Estas últimas engloban a la importancia de “reducir los tiempos de espera y respetar las ratios entre profesionales y pacientes, así como a incluir en la historia clínica del paciente sus “antecedentes como sujeto activo de violencia sanitaria”.

El plan también establece una serie de “obligaciones” para el personal sanitario, que no solo deberá conocer las medidas de prevención de riesgos sino también “comunicar la existencia de situaciones que puedan suponer o aumentar el riesgo de sufrir violencia” para él mismo o para sus compañeros. 

Paralelamente, el PP aboga por que el Ministerio de Sanidad cree un registro nacional de actos de violencia en el ámbito sanitario “en el que habrán de inscribirse y registrarse todos los actos de violencia que hayan sido notificados por el personal sanitario”, además de la identificación de víctima y agresor.

Seguro gratuito ante casos de violencia sanitaria

Según consta en el documento, el centro de Salud deberá poner a disposición del personal sanitario un servicio específico encargado de prestar el “apoyo logístico” que se precise y un servicio que tramite “directamente con el Ministerio Fiscal” las denuncias que se puedan presentar.

También tendrá que tener suscrito un seguro que garantice a los profesionales “la gratuidad de los servicios jurídicos que precise para su defensa y reparación del daño causado”, así como el “resarcimiento económico de los prejuicios físicos o psíquicos derivados del acto de violencia”.